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El Intransigente
Alberto Fernández

POLÍTICA

Alberto Fernández consideró “muy grave” el estado del Poder Judicial e insistió con la reforma

También se plantó ante la oposición, pese a que hicieron la retirada del recinto.

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El presidente Alberto Fernández insistió en hacer una reforma del Poder Judicial al considerar muy grave” su estado actual. A partir de la pérdida de confianza pública y del desconocimiento de la sociedad sobre el manejo del poder, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones no son universales. Ante esto, repudió la postura de la oposición por no apoyar los cambios que se proponen para garantizar un Poder Judicial supuestamente más transparente.

Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes fácticos y políticos”, expuso el jefe de Estado. Sin embargo, con el proyecto de ley presentado y aprobado en el Senado, pero vetado por Juntos por el Cambio, Fernández atacó a la oposición por no dar lugar al debate.

“Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, sostuvo.

Posteriormente, describió otros puntos de la reforma que proponía el Poder Ejecutivo: “En ese proyecto de ley, además, se creaba el Juzgado Federal y una fiscalía en San Lorenzo, y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico”. No hay que olvidar el antecedente reciente de la cocaína adulterada en Buenos Aires, la punta del iceberg de todo el negocio que se realiza atrás, a los ojos, incluso, de autoridades policiales y judiciales.

“No se debería perder más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales. Yo les solicito al Honorable Congreso de la Nación que aborde la cuestión que planteemos, que haga los cambios adecuados”, indicó con la aprobación de su bloque. Agregó también que, desde su posición, trató de ponerle fin a las “malas prácticas” que se tomaron, según él, en el Poder Judicial.

De la mano con las maniobras polémicas de las autoridades judiciales, Alberto Fernández destacó el espionaje ilegal como consecuencia de las irregularidades y las licencias hacia el poder político para, presuntamente, perseguir y espiar periodistas, empresarios, funcionarios y dirigentes. “Durante la gestión anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en las instituciones de la República, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra Nación”, puntualizó. 

¿Cuál es la postura de la oposición?

El rechazo de Juntos por el Cambio a la reforma judicial, en el año 2020, se basó en la necesidad de darle prioridad a otros temas de mayor urgencia, como el desempleo durante la pandemia y el aumento de la pobreza en la sociedad. “Juntos por el Cambio se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen jueces que solo se les ocurre liberar delincuentes”, fue el comunicado que emitieron en ese entonces.

Además, indicaron que el agregado de cargos en las bancas judiciales, por ejemplo en el Congreso de la Magistratura, le costaría mucho más al Estado en un momento en que se necesita achicar el gasto para bajar la inflación y aumentar las reservas. “La llamada ‘reforma judicial’ que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4.000 millones anuales”, agregaron.

Por último, cuestionaron la maniobra del kirchnerismo para adaptar al Poder Judicial según sus propios intereses: “Se trata de una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuando se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la ‘mayoría automática’; apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo”.