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POLÍTICA

Escándalo en Quilmes: la Justicia investigará a Mayra Mendoza por posible malversación y lavado de dinero

La acusan de desviar 535 millones de pesos a cooperativas comandadas por sus funcionarios.

Mayra Mendoza

Tras la polémica que estalló en los últimos días a raíz de una investigación periodística, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y sus funcionarios fueron denunciados por posible malversación y lavado de dinero. La Justicia federal investiga el supuesto desvío de 535 millones de pesos a cooperativas de trabajo carentes de antecedentes laborales.

Según informó Luis Majul en LN+, la referente del Frente de Todos y demás funcionarios fueron acusados por la posible comisión de los delitos de malversación de los caudales públicos, peculado, negociación incompatible con la función pública, omisión maliciosa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero.

La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy ante el juzgado federal 12 de Comodoro Py, por lo que la investigación la encabezará el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Ahora, se buscará dar marco judicial y corroborar las presentaciones del sitio ‘El Disenso’ y la periodista Guadalupe Vásquez.

¿Qué investigarán?

De acuerdo a la información revelada hasta el momento, Mendoza adjudicó contratos por más de $535 millones a tres cooperativas vinculadas a su subsecretario de Hábitat, Sebastián Roberto Raspa. En el entramado también interviene su socio y exfuncionario quilmeño Martin Bordalejo.

Se trata de documentos firmados entre diciembre del 2020 y febrero del 22 que beneficiaron a “La Estrella”, “Unión Azul” y “Progreso”. Por ejemplo, uno de ellos fue por mantenimiento de parques por seis meses a cambio de 143 millones de pesos, otro por 56 millones de pesos, otro por 45 millones de pesos ,entre otros.

Según se detalló en LN+, la plata terminaba en Miami «porque la fugaron». Al mismo tiempo, la periodista Guadalupe Vásquez aclaró que «hay offshores en Miami a nombre de Raspa y Bordalejo«. Además agregó «el sistema era el siguiente: Mendoza hacía la contratación y los funcionarios se contratan a sí mismos a través de cooperativas que no pagan impuestos«.