La “guerra contra la inflación” sigue dando de qué hablar, después de la sanción millonaria al sector molinero y el endurecimiento de los controles de precios. El día martes, el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, propuso un sistema de retenciones móviles para controlar los precios de cereales y oleaginosas. A raíz de ello, el campo salió al cruce contra el funcionario.
«En los últimos días han vuelto a subir fuerte en el mercado internacional y local los precios del trigo, el maíz, la soja y el sorgo. Por más vueltas que sigan dando, si no le dan a Feletti la herramienta de las retenciones móviles segmentadas, los alimentos seguirán aumentando», explicó Leopoldo Moreau en su cuenta de Twitter. Asimismo, aseguró que el Gobierno “tiene que apelar a un DNU, si es necesario”, para controlar los precios.
En declaraciones radiales, el funcionario tomó una postura mucho más dura. En la misma línea que Alberto Fernández, Moreau salió contra los empresarios que especulan con el precio internacional, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Si hay precios de guerra, hay que tomar decisiones extraordinarias” para “frenar la escalada de precios y el efecto riqueza”, argumentó.
La respuesta del campo a Leopoldo Moreau
El presidente de la Sociedad Rural Argentina , Nicolás Pino, no se quedó callado ante la nueva embestida del kirchnerismo al campo. «Las retenciones no tienen sustento legal y la inflación no es culpa de la suba de los alimentos«, respondió. También, expuso que no es el Poder Ejecutivo el que tiene que determinar la suba de retenciones, sino el Congreso. Si lo hiciese el presidente, estaría incumpliendo la Constitución Nacional.
En febrero, la SRA había presentado un amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para que cese el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso Nacional determine sobre la cuestión impositiva. La entidad argumentó que el cobro de las retenciones ya no es legal, porque el 31 de diciembre de 2021 terminó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, que no fueron prorrogadas.
Hasta el momento, según precisó NA, el Gobierno solo incrementó las alícuotas de 31 a 33% para la harina y el aceite de soja, con el objetivo de constituir un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina para las panaderías. Cabe destacar que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, llegó a un acuerdo con el rubro panadero para bajar el precio del pan, que se había elevado a $300 el kilo.
