La prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) generó reacciones encontradas en la comunidad. Desde los espacios afines al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta defienden la medida que entró en vigor la última semana. Pero desde la otra vereda, la detractan. En este sentido, referentes del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-Unidad) presentaron un recurso de amparo para revocar la Resolución 2566/22.
Se trata de Celeste Fierro, mamá de una alumna de primer grado, y Vanesa Gagliardi, docente, ambas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Las dirigentes presentaron este lunes ante la Justicia “un recurso de amparo contra la Resolución 2566/2022 de la ministra (de Educación) Soledad Acuña que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo de la Ciudad”, consignó Télam.
En el mismo, apuntan contra Acuña, a quien tildaron de “atrasar y discriminar”. “En sus siete años de gestión, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones”, manifestó Fierro.
Gagliardi, quien además es secretaria gremial de Ademys, agregó: “Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos”, se quejó.
En la misma línea, Ferro calificó la medida como “absurda y reaccionaria”. Encima “ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan”, remarcó. Con lo cual, enfatizó: “Defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo”. Y advirtió: “La caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”.
La medida de CABA
El 9 de junio pasado, el Gobierno porteño prohibió que en sus escuelas se utilicen en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares con lenguaje inclusivo. Lo presentó como “una medida más” ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos realizados por CABA tras la pandemia.
En la Circular 4/22, el Ministerio de Educación porteño ordenó a los educadores desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. La determinación recibió críticas desde sectores políticos, sociales, sindicales y hasta la comunidad educativa.
