Pese a haber renunciado al Gobierno de Javier Milei a fines de junio, Manuel Adorni continúa recibiendo privilegios del Estado. Según se conoció este viernes, el exjefe de Gabinete mantiene custodia de Gendarmería Nacional en la vivienda que comparte con su familia. En los últimos días, móviles de la fuerza federal fueron vistos patrullando los accesos del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La situación quedó expuesta a través de imágenes difundidas por el canal A24 y abrió una nueva polémica alrededor del uso de recursos públicos. Puntualmente, el interrogante es por qué el Estado nacional mantiene un operativo de seguridad para una persona que ya no ocupa un cargo dentro de la administración pública.
Custodia estatal y dudas sobre la autorización
El country donde vive Adorni dispone de un sistema de vigilancia privado, cámaras y drones para controlar sus instalaciones, servicios que son financiados por los propios propietarios. Por ese motivo, el despliegue adicional de camionetas y agentes de Gendarmería generó interrogantes y cuestionamientos entre algunos vecinos.
La controversia también llegó a los alrededores del complejo residencial, donde aparecieron pintadas contra el exjefe de Gabinete. Sin embargo, la atención está puesta en el Ejecutivo y en el funcionario que autorizó el servicio de custodia.
Adorni ya no cuenta con facultades ejecutivas para disponer el movimiento de efectivos federales ni para ordenar un operativo de estas características. Por eso, el interrogante apunta al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Javier Milei: quién autorizó y bajo qué fundamento se mantiene la protección estatal.
El operativo también acompaña a Adorni fuera del country
Según fuentes vinculadas al ámbito gubernamental, la custodia de Manuel Adorni no se limitaría a los patrullajes en el barrio privado. Los efectivos federales también realizarían tareas de avanzada e inspección previa cuando el exfuncionario se traslada a locales gastronómicos u otros establecimientos comerciales.
El esquema estaría relacionado con el temor de Adorni a sufrir escraches o agresiones verbales después de su salida del Gobierno. De esta manera, la custodia estatal habría adquirido características similares a un dispositivo de seguridad personal, pese a que el exjefe de Gabinete ya no forma parte de la estructura oficial.
La situación adquiere mayor sensibilidad por el contexto judicial que atraviesa el exfuncionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes.
La Justicia solicitó explicaciones sobre su situación patrimonial luego de las rectificaciones realizadas en sus presentaciones. El caso podría derivar en una investigación por omisión maliciosa, una figura que contempla, entre otras consecuencias, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras avanza la investigación, la custodia suma un nuevo foco de críticas por los beneficios que Adorni conserva después de dejar el Gobierno. La pregunta que queda abierta es quién ordenó el operativo, cuál es su fundamento legal y hasta cuándo el Estado nacional seguirá destinando personal y recursos públicos para protegerlo.
