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Mauricio Macri

POLÍTICA

Mauricio Macri recibió nueva denuncia penal por parte del kirchnerismo

En la misma jornada en la que la Justicia lo sobreseyó por supuesto espionaje ilegal a parientes del ARA San Juan.

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Mauricio Macri recibió este viernes una buena y una mala noticia por parte de la Justicia. En primer lugar, que el expresidente fue sobreseído de la causa que lo investigaba por presunto espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. La mala, en tanto, que desde el kirchnerismo duro ingresaron una nueva denuncia penal contra el fundador del PRO por un episodio ocurrido durante el mandato de Macri entre 2015 y 2019.

El encargado de acudir a la Justicia fue el diputado nacional Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos. El ultra kirchnerista denunció penalmente a Macri por el dictado del decreto 820/2016. Se trata de una normativa que modificó el esquema de tutela del dominio nacional establecido por la Ley Nº 26.737 de Protección de Tierras Rurales, que favoreció al magnate inglés y amigo del exjefe de Estado, Joe Lewis.

Qué sostiene la nueva denuncia contra Macri

De acuerdo a la presentación judicial de Tailhade, la decisión del expresidente se tomó para beneficiar a Lewis, en una maniobra en la que intervinieron funcionarios de la administración macrista en connivencia con abogados del multimillonario inglés. El diputado nacional sostuvo en su presentación que el decreto en cuestión “desnaturalizó ilegalmente el objetivo central de la norma”.

“Es decir, frenar a través de la regulación estatal el creciente proceso de extranjerización de grandes superficies de tierras en nuestro país”, explica la denuncia. Al mismo tiempo, “benefició de manera directa a –entre otros extranjeros que dejaron de tener limitaciones legales para avanzar en la adquisición de tierras– Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri”, apuntó Tailhade.

De acuerdo a lo expuesto por el dirigente oficialista, la redacción del decreto estuvo a cargo del Estudio Jurídico Brons & Salas, abogados de Lewis y en cuyo domicilio también se inscribió el domicilio social de Hidden Lake S.A., la sociedad de Lewis, que es la titular de las tierras en Lago Escondido. “A través de sus abogados, Lewis redactó a medida el decreto que lo beneficiaba”, alertó el legislador.

Las pruebas de Tailhade

Entre los elementos de prueba acreditados por Tailhade en la denuncia, se destacan los que demuestran cómo una abogada del estudio Brons & Salas, que había trabajado hasta unos meses antes en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley), aseguraría haber participado de la redacción del decreto macrista.

La letrada además reconocería la connivencia entre los abogados de Lewis y la entonces directora del Registro de Tierras, Cristina Brunet, que reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos macrista, Germán Garavano. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo. En tanto, Tailhade pidió que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia le remita todas las actuaciones relacionadas con el dictado del decreto en cuestión.

Quién es el magnate británico amigo de Macri

Su nombre y apellido volvió a salir a la luz con el conflicto en Lago Escondido a inicios de febrero de este año. Joe Lewis es un multimillonario británico. Según la revista Forbes, la sexta fortuna de Inglaterra. Es amigo del ex Presidente y dueño de una estancia de 12.000 hectáreas que rodea el Lago Escondido. Desde hace años, vecinos y turistas denuncian que el empresario no permite el acceso al espejo de agua a pesar de que la Justicia ordene lo contrario.

Lewis además es la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club de fútbol londinense Tottenham Hotspur y tiene empresas en diversos lugares del mundo. Al mismo tiempo, el europeo está asociado a otro empresario cercano al macrismo, Marcelo Mindlin, quien compró la constructora a su primo Ángelo Calcaterra, según Télam.

Durante la década del noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia de la polémica y fue denunciado por adquirir esas hectáreas por un valor muy debajo del mercado y por haber triangulado la operación para que su nombre, el de un extranjero, no figure como propietario de esa cantidad de tierras en una zona de frontera.