La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes extender por dos años más la Misión Internacional Independiente en Venezuela. Se trata nada más y nada menos que una investigación sobre vulneración de derechos humanos (DDHH) en ese país creada en 2019. Lo curioso es que la Argentina, a través del Gobierno nacional, no apoyó la votación en Ginebra, Suiza, sino que se abstuvo, por intermedio de su representante Sebastián Rosales.
No obstante, la medida la respaldaron 19 países, mientras que cinco votaron en contra y 23 se abstuvieron, indicó el Consejo de Derechos Humanos a través de su cuenta oficial de Twitter. Entre los países latinoamericanos con voto en el Consejo, Brasil y Paraguay se expresaron a favor, mientras que la Argentina, México y Honduras se abstuvieron; y Bolivia, Cuba y Venezuela votaron en contra.
La postura Argentina ante la votación en la ONU
“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”, argumentó Rosales, representante permanente alterno para los Derechos Humanos.
En esta línea, el funcionario de la Cancillería agregó: “Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”.
Por su parte, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, defendió la posición argentina y recordó que “desde sus inicios” se “apoyó el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, partir del cual se han logrado importantes avances en la materia”. “El trabajo de la Misión Internacional Independiente no responde a investigaciones realizadas en el terreno y en diálogo directo con los actores locales”, criticó.
En esta línea, Laborde apuntó que la Misión “además difiere sustancialmente de los informes sobre el mismo tema de la Oficina del Alto Comisionado, por lo cual difícilmente pueda contribuir en la práctica al mejoramiento de la situación de los derechos humanos”, publicó Télam. La misión se creó en septiembre de 2019 por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
Sobre la Misión de la ONU en Venezuela
Ese mandato se renovó en octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022, según la agencia Sputnik. En el último informe, de tres presentados, la misión concluyó que la inteligencia civil y militar venezolana comete crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política. El texto documentó 122 casos de víctimas “sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), desde 2014 hasta la actualidad”.
Además, destacó que los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes. En tanto, el Gobierno de Venezuela rechazó y calificó de “falsas y sin fundamento” esas acusaciones y argumentó que la misión busca atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de Estados Unidos.
Tras la votación a favor de la misión, el líder opositor, Juan Guaidó, celebró que “la comunidad internacional afirma que está del lado de los venezolanos y repudia cada una de las atrocidades cometidas por el régimen de (el presidente Nicolás) Maduro”. “Esta renovación es esperanza y justicia para las víctimas y para todo un país. Nuestro profundo agradecimiento”, señaló.
