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SOCIEDAD

Amenazas contra Cristina Kirchner: la Justicia ordenó la liberación de los miembros de Revolución Federal

El tribunal consideró que «no existen riesgos procesales». La agrupación se vio involucrada tras lo sucedido con Cristina Kirchner el 1 de septiembre.

La Cámara Federal porteña dispuso hoy la excarcelación y liberación de los miembros de agrupación de ultraderecha Revolución Federal, detenidos en la causa por presuntas amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. También estuvieron detenidos por intimidación pública, debido a protestas con antorchas y escraches en edificios gubernamentales.

Se trata de Jonathan Morel, el presunto líder de la organización y carpintero novato que intermedió en la venta de muebles a la empresa Caputo hermanos, y Sabrina Basile, hija del ex entrenador de la Selección Argentina de fútbol Alfio Basile. A ellos se suman también Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, acorde precisó NA.

Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron, además, que la investigación sobre Revolución Popular no tiene, por el momento, ninguna vinculación con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. En el día de ayer, también se ordenó la liberación de Agustina Díaz, la mejor amiga de Brenda Uliarte y supuesta cómplice del atentado.

Los fallos

“Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa (por el intento de asesinato de Cristina Kirchner) ya fue rechazada por la Jueza María Eugenia Capuchetti y por la presidencia de esta Cámara y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones”, sostienen los fallos que dispusieron las excarcelaciones.

Los jueces dispusieron las libertades atento a que “no existen riesgos procesales suficientes que permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”. El fallo tomó en cuenta que el presunto delito por el que están siendo investigados contempla una pena mínima de tres años de prisión, “lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional”.