En el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, anunciaron que todos los organismos públicos debían canjear sus bonos en dólares por pesos argentinos. Esta noticia no cayó bien para los jubilados, que verán como sus cajas pasarán a estar respaldadas por la moneda nacional, cuya inflación interanual supera el 100%. Ante esto, la oposición se movió y tratará de frenar el DNU en el Congreso de la Nación.
Se trata de dos decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Gobierno nacional y cuyo perjudicado será la Anses. Esta iniciativa la lanzó el bloque radical de Mario Negri que, dentro de sus fundamentos, sostuvo que «la pesificación de los activos en dólares del FGS es un manotazo ilegal a activos que pertenecen a los jubilados y pensionados actuales y futuros».
«Se trata de una medida inédita, irresponsable y defraudatoria de los derechos de millones de jubilados que de esta forma verán reducidos aún más sus ingresos», alertaron. El proyecto cuenta con varios artículos y varios son argumentos de por qué deberían poner marcha atrás a esta medida tomada por el Ministerio de Economía.
«Los funcionarios responsables estarán obligados a realizar todas las acciones conducentes para revertir las operaciones y reponer los títulos públicos pagaderos en dólares estadounidenses que en cada caso hubiesen entregado en las operaciones de canje por títulos públicos pagaderos en pesos», agregaron en la iniciativa que ya está en el Congreso de la Nación a la que tuvo acceso NA.
Críticas a Massa
Por otro lado, los radicales afirmaron que esta medida de Sergio Massa» compromete gravemente el futuro de los jubilados y pensionados al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera».
«Estos activos serán vendidos luego al sistema bancario, quienes comprarán a precio más barato dándole los pesos al Tesoro para seguir en la búsqueda de financiamiento del déficit fiscal, trayendo como consecuencia que habrá menos capacidad de crédito para el sector privado. Toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado ya que al vender esos títulos en dólares se estaría endeudando al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda conforme estimaciones de especialistas en materia financiera. Es inadmisible desde todo punto de vista», añadieron.
En este marco, los legisladores sostienen que los dos DNU violan la ley de creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). La misma tiene por objeto la «preservación del valor y la rentabilidad de los activos del Fondo, y la Ley de Administración Financiera» porque estas operaciones no están contempladas en el Presupuesto 2023.
