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SOCIEDAD

El Ministerio de Mujeres argentino y el brasileño respaldaron a Thelma Fardin en la causa contra Juan Darthés

Las carteras de ambos países se reunieron con la actriz y elaboraron un comunicado conjunto para manifestar su postura.

Thelma Fardin

A casi una semana del fallo de la Justicia brasileña a favor del actor Juan Darthés en la causa iniciada por la actriz Thelma Fardin, el Ministerio de Mujeres argentino y su semejante brasileño le manifestaron su “acompañamiento” a la denunciante. Así se dio en el marco de un encuentro encabezado por las titulares de las carteras, Ayelén Mazzina y Cida Gonçalves, quienes afirmaron buscar “justicia y reparación”.

Asimismo, consideraron que Fardin reclama “por una reparación de parte del Poder Judicial en relación a la violencia sexual que sufrió en su adolescencia” y en la cual está acusado Darthés. El último sábado, el 7º Tribunal Penal Federal de São Paulo dictó un fallo absolutorio a favor del actor, oriundo de Brasil, denunciado por la actriz como autor de una agresión sexual ocurrida en 2009 en Nicaragua durante una gira del elenco de la novela ‘Patito feo’.

“Resaltamos que son numerosos los casos en los que las denuncias contra el agresor se producen de forma tardía y/o no inmediata. Esto obedece al tiempo que tardan las víctimas en comprender los hechos pero también se debe a otras cuestiones vinculadas al silenciamiento, el miedo a ser culpadas, el aislamiento y, en ocasiones, a situaciones económicas o religiosas”, señalaron las ministras en un comunicado conjunto.

“Los delitos contra la integridad sexual -remarcaron- comúnmente se producen en ausencia de otras personas, además de la víctima y el agresor, por ello, la palabra de la persona que sufrió una agresión sexual, su declaración, constituye una prueba fundamental sobre lo ocurrido”. En Argentina, la denuncia de Fardin contra Darthés tuvo un efecto multiplicador en las consultas por violencia de género, objetaron.

Ante ello, las ministras destacaron que “el coraje de Thelma Fardin para romper el silencio después de tantos años animó a muchas niñas y mujeres a poder hablar y denunciar hechos de estas características”. “El hecho de que la violencia sexual contra Fardin se cometiera antes del cambio de la legislación brasileña, no impide la calificación del acto como delito de violación, en función de la palabra de la víctima y otros elementos que pueden estar contenidos en el expediente”, indicó el comunicado.

“Lamentablemente, la movilización social contra el silencio y la impunidad en este tipo de hechos se contrapone con sistemas judiciales que no incorporan perspectiva de género en su accionar y que siguen sosteniendo bajos índices de persecución y juzgamiento en Brasil, Argentina y en la región en general”, indicaron las funcionarias de ambos países.

En Argentina, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), sólo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias, mientras que en Brasil la tasa de condena por violación sexual es cercana al 1%, según estimaciones del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

“Como representantes de Estados comprometidos con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad, compartimos la preocupación por los elevados niveles de impunidad y nos comprometemos a trabajar en conjunto para promover la transversalidad de la perspectiva de género en todo el sistema judicial y favorecer el acceso a la justicia y la reparación, no sólo para las víctimas sino también para todas las mujeres y la sociedad en su conjunto”, dijeron.

En ese marco, las ministras reafirmaron “la necesidad de cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Argentina y Brasil en 1996, que establece que es deber del Estado establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres en situación de violencia de género, así como adoptar todas las medidas apropiadas para modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que legitimen la persistencia y la reproducción de la violencia contra las mujeres”.