La Controlaría General de Venezuela inhabilitó por 15 años para postularse a cargos de elección popular a la exdiputada María Corina Machado, una de las favoritas para ganar la nominación opositora, ser candidata a las presidenciales de 2024, dice una carta del organismo entregada a un diputado.
Machado, una ingeniera industrial de 55 años, tiene prohibido salir del país desde hace nueve años y en 2015 fue inhabilitada por un lapso de 12 meses porque la Contraloría dijo que la política no incluyó en su declaración de bienes algunas bonificaciones que recibía cuando diputada en la Asamblea Nacional. La candidata ha dicho que nunca recibió esos bonos.
El diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, solicitó esta semana a la Contraloría conocer el estatus de la inhabilitación impuesta en 2015. Al recibir respuesta de esa oficina, indicó que la prohibición se había extendido por 15 años, ya que Machado apoyó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y respaldó a Juan Guaidó, quien declaró una presidencia interina en 2019.
La oficina de prensa de Brito divulgó la respuesta de la Contraloría, una carta de cinco páginas fechada el 27 de junio y firmada por Antonio Meneses, director de procedimientos especiales del organismo. «La ciudadana María Corina Machado Parisca (…) está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años», se lee en la carta, replicó Reuters.
«Hasta el final»
La oficina de prensa de Machado divulgó el jueves parte de unas declaraciones de la candidata en Barinas, indicando en un acto ante seguidores que «una inhabilitación del régimen es BASURA, vale cero». «Una INÚTIL ‘inhabilitación’ que solo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO», agregó Machado, líder del partido Vente Venezuela, y cuyo lema de campaña es «hasta el final» o hasta lograr la salida de Maduro del poder.
Machado, que ha propuesto privatizar PDVSA y reestructurar la deuda pública, ha estado liderando las encuestas en los últimos meses de cara a la primaria de la oposición, a la que se registraron otros 13 aspirantes, entre ellos el dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles, también inhabilitado en 2017 por 15 años para postularse a cargos de elección popular.
Las inhabilitaciones no restringen la participación en las primarias, porque la oposición las realiza de forma independiente y sin apoyo oficial. Sin embargo, la medida sí impide la inscripción en el máximo organismo comicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), para elecciones como las presidenciales, regionales o legislativas.
La restricción a los candidatos es uno de los aspectos que la oposición busca discutir en la mesa de negociación de México con el gobierno, pero esas conversaciones están estancadas desde noviembre. Por años, los opositores han sostenido que la prohibición de competir es una de las medidas usadas por el oficialismo para cortar el camino a cambios políticos en la nación sudamericana.
Con la elección primaria, prevista para el 22 de octubre, la oposición en unidad aspira derrotar en las urnas al presidente Nicolás Maduro en los comicios del año próximo. No obstante, el proceso enfrenta varios desafíos debido a que será manual, tras la renuncia en pleno de la directiva del CNE, y la necesidad de financiamiento.
