El Gobierno nacional iniciará una auditoría sobre “todos los planes sociales Potenciar Trabajo”, según anunció este martes el portavoz presidencial Manuel Adorni. Asimismo, el economista hizo referencia al decreto publicado en la misma jornada en el Boletín Oficial por el cual se “hizo una revisión de las contrataciones” en la administración pública nacional del Poder Ejecutivo.
Durante la conferencia de prensa, Adorni informó el inicio de un “auditoría” a todos los beneficiarios planes Potenciar Trabajo, “que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”, detalló. Y dijo: “Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado)”.
Éstos se suman a “los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros”, sumó. En ese sentido, el funcionario comentó que esos “160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo”. Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es “transparentar el sistema” y que los planes “dejen de significar un negocio para los intermediarios”.
Por estos días, el fiscal Guillermo Marijuan investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del Potenciar Trabajo. En relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible. Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuan ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal a cargo de la magistrada María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales. Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo viajaron al exterior, muchos de ellos “en numerosas oportunidades”, según adujo.
Otros temas abordados por Adorni en la conferencia de prensa
Como cada día hábil desde que inició su gestión, el presidente Javier Milei encabezó por la mañana del martes una nueva reunión de su Gabinete. Allí se trabajó, entre otros puntos, en el análisis de las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y en las alternativas que supondrá la marcha anunciada para mañana por la CGT y otras organizaciones para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía.
En conferencia de prensa, Adorni detalló parte de la agenda que lleva adelante el equipo del gobierno de La Libertad Avanza. Hizo referencia a la agenda de sesiones extraordinarias, confirmó que se trabajó en pulir los últimos detalles de los proyectos y apeló, en nombre de la Casa Rosada, a la “buena voluntad” de diputados y senadores para que “estén a la altura de las circunstancias” y no “obstruyan” el cambio con “palos en la rueda”.
El viernes pasado a la noche, el jefe de Estado convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Cabe remarcar que el Parlamento tiene sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, y sólo el Presidente de la Nación, en este caso Milei, tiene la facultad de convocar a extraordinarias, con un temario fijado de antemano. La convocatoria incluye 11 proyectos de ley que Milei considera claves para su gestión, destacándose una reforma del Estado y cambios en el Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, Adorni hizo referencia al decreto publicado este martes en el Boletín Oficial por el cual se “hizo una revisión de las contrataciones” en el Poder Ejecutivo. “Hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días”, explicó e insistió en que “todo contrato con alta en 2023 que termina el 31 de diciembre de 2023 no será renovado”.
Asimismo, y ante la marcha convocada para mañana a Tribunales por parte de la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales, el funcionario nacional recordó que “sigue abierta la línea 134 para los que se sientan extorsionados para ir a movilizarse” y advirtió que el Gobierno usará “todas las medidas de disuasión” de que dispone, como el protocolo de orden público.
