El Poder Ejecutivo envió este miércoles al Congreso un proyecto que busca derogar la Ley de Movilidad Jubilatoria impuesta por Alberto Fernández. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei continuará con los bonos complementarios mensuales para aumentar las jubilaciones hasta que entre en vigencia un nuevo esquema de aumentos automáticos que sean más beneficiosos para los jubilados.
El Artículo 106 del proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» plantea la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, junto con sus complementarias y modificatorias. Esta medida implica un freno al sistema de ajuste de las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que rige desde el 2020.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones, tomando en consideración los «criterios de equidad y sustentabilidad económica». Esta disposición plantea un nuevo paradigma en la manera en que se determinarán los aumentos de haberes para los beneficiarios del sistema jubilatorio argentino.
En el período de transición hasta que se implemente la nueva fórmula automática, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos, priorizando a los beneficiarios de menores ingresos. Esta medida busca mitigar los impactos económicos en los sectores más vulnerables durante el proceso de cambio en la metodología de ajuste.
Siguen los bonos y hay promesa de nueva ley jubilatoria
Este martes, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que los haberes jubilatorios se van a recomponer de la inflación mediante un decreto, mientras se espera la definición de un nuevo mecanismo que reemplace la Ley de Movilidad. Adorni argumentó que la aplicación de la Ley de Movilidad, en el contexto de la inflación actual, podría representar una pérdida del poder adquisitivo del 40% para los jubilados en un trimestre.
Durante el mandato de Mauricio Macri, se aprobó la Ley 27.426 en diciembre de 2017. Esta ley introdujo una fórmula para actualizar trimestralmente las jubilaciones. Dicha fórmula se basaba en un 70% en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30% en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En el período presidencial de Alberto Fernández se promulgó la Ley 27.609. Esta ley suspendió la fórmula establecida por Macri, dejando las actualizaciones de las jubilaciones a decisión del Gobierno a través de decretos. Se priorizó atender a los beneficiarios de ingresos más bajos. En diciembre de 2020, se aprobó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la cual ajusta los haberes jubilatorios combinando en partes iguales la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la variación salarial medida por la RIPTE.
