El presidente argentino, Javier Milei, ha dado un paso audaz en su plan de desregulación económica al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica significativamente las leyes laborales, incluyendo aspectos cruciales como la indemnización por despido. Este decreto forma parte de una iniciativa más amplia para desatar las fuerzas del mercado y generar más empleo genuino en el sector privado.
El DNU de Milei reduce la indemnización por despido sin justa causa de dos a un mes de salario por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. Sin embargo, introduce una excepción para los trabajadores con salarios bajos, asegurando que el monto no puede ser inferior a un mes de salario según un sistema establecido.
Además, se abre la posibilidad en el contrato entre empleador y empleado de sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral, permitiendo a las partes involucradas optar por una alternativa cuyo costo recae siempre en el empleador. Este fondo o sistema de cese laboral deberá ser financiado por el empleador que aportará hasta el equivalente de un 8% de la remuneración computable mensual del trabajador.
Agravamiento indemnizatorio por discriminación
Se establece que cualquier despido originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial será considerado discriminatorio. En caso de una sentencia judicial que confirme este origen discriminatorio, se deberá pagar una indemnización especial un 50% más alta a la establecida por la ley, con la posibilidad de aumentarla hasta el 100%, según la gravedad de los hechos.
Otros cambios relevantes del decreto de Milei
El decreto también establece que, en caso de que un trabajador sea reincorporado por el mismo empleador después de haber recibido una indemnización por despido, se descontará el monto previamente abonado. Esta cantidad descontada será ajustada teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 3% de interés anual. No obstante, es importante subrayar que la indemnización resultante no podrá ser inferior a la que le hubiera correspondido al trabajador si su período de servicio se limitara al último, excluyendo cualquier período anterior al reintegro.
Esta medida podría tener la intención de incentivar la reincorporación de trabajadores por parte de los empleadores, ya que les permite descontar la suma previamente pagada. Esto podría facilitar el retorno al empleo, pero también podría generar preocupaciones sobre la seguridad laboral y la estabilidad financiera del trabajador.
Estos cambios generan reacciones encontradas, ya que algunos sostienen que descomprimirán la rigidez del mercado laboral y fomentarán la inversión, mientras que otros argumentan que podrían perjudicar a los trabajadores. El presidente Milei defiende el decreto como una medida necesaria para liberar a la Argentina de un «andamiaje jurídico opresor» que ha obstaculizado el crecimiento económico del país.
