En medio de un contexto inflacionario que ha afectado significativamente las jubilaciones y pensiones en la Argentina, la Defensoría de la Tercera Edad ha urgido a implementar un aumento de emergencia en los haberes previsionales a partir de enero. La preocupación se basa en proyecciones que indican una caída real del orden del 40% en los próximos meses debido al salto inflacionario reciente.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Social desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2023, la jubilación mínima ha experimentado una disminución del 38%, reflejando una situación preocupante para los jubilados. Ante esta situación, la Defensoría de la Tercera Edad, ha instado al presidente entrante, Javier Milei, a anunciar una actualización de los haberes previsionales para todas las categorías y tramos de jubilaciones, considerando la urgencia de la situación.
El reclamo se sustenta en el hecho de que el aumento proyectado para diciembre y los primeros meses de 2024 es del 20,87%, mientras que se espera que la inflación supere el 40% en esos mismos meses. Por lo tanto, la Defensoría aboga por un aumento de emergencia independiente del bono de $55,000 que se pagará durante enero y febrero.
Jubilaciones en la lona ¿Qué hará Javier Milei?
El informe destaca una reducción del 32% en la jubilación media y un preocupante descenso del 38% en la jubilación mínima entre septiembre de 2017 y septiembre de 2023. Aunque el bono de $37,000 en septiembre atenuó esta merma, la situación aún es crítica y desde el gobierno electo de Milei no han anunciado medidas claras a tomar en las primeras horas.
Ante este panorama, Daniel Marcú, actuario y especialista previsional, propone un ajuste específico por índice de costo de vida para los adultos mayores a partir de enero de 2024. Este índice se aplicaría trimestralmente o cuando la variación del índice supere el 10%, asegurando así una respuesta ágil a las fluctuaciones económicas.
Además, se sugiere incorporar el bono de $55,000 a todos los haberes a partir de enero de 2024, con un compromiso de gradual recomposición para aquellos que superan la jubilación mínima. Estas medidas buscan mitigar la litigiosidad futura y abordar la creciente preocupación de los jubilados por el trato desigual.
