El juez federal Sebastián Casanello ha concedido la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, y dispuso la suspensión de la distribución inmediata de 5.000 toneladas de alimentos almacenados en dos galpones. La disputa ahora pasa a la Cámara Federal porteña, que tendrá la última palabra sobre el destino de la mercadería que compró el Gobierno nacional anterior.
La denuncia inicial indicaba que cerca de 5.000 toneladas de alimentos estaban sin distribuir en dos centros operativos de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Según la denuncia, el Centro Operativo Martelli almacenaba 2.751.653 kg de alimentos, mientras que el Centro Operativo Tucumán tenía 2.269.078 kg listos para su entrega.
El juez Casanello había ordenado un plazo de 72 horas para que el Ministerio presentara un plan de distribución inmediata de estos alimentos. Sin embargo, la subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano apeló esta decisión, argumentando que «las cuestiones políticas entran en el dominio de la ‘prudencia política’ y no resultan judiciables».
La justificación del Gobierno nacional ante la Justicia
El Ministerio de Capital Humano también cuestionó las cifras presentadas en el dictamen acusador de la fiscal federal Paloma Ochoa. Según el Ministerio, de las «5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular de la gestión anterior y se encuentra bajo auditoría». Además, destacaron que esta yerba mate era de mala calidad y comprada mediante procesos poco transparentes.
La subsecretaría Legal informó que hay una auditoría en curso para investigar no solo la adquisición de estos alimentos, sino también su distribución. Según los relevamientos, de los 1.201 comedores y merenderos registrados, el 50% resultaron ser «fantasmas», es decir, no operativos, con uno registrado en una ubicación que en realidad es un barrio privado.
Todo queda en manos de la Cámara Federal porteña
Con la apelación concedida, la Cámara Federal porteña deberá decidir si el Ministerio de Capital Humano debe proceder con la distribución de los alimentos o si mantendrá la potestad del Ministerio para determinar cómo, cuándo y a quiénes se entregan estos recursos. La ministra Sandra Pettovello defiende que la distribución de estos alimentos es una política de Estado y no debería estar sujeta a decisiones judiciales.
La situación se ha convertido en un punto de controversia política, con acusaciones cruzadas sobre la gestión de los recursos destinados a los más necesitados. La resolución de la Cámara Federal porteña será crucial para determinar los próximos pasos en la distribución de estos alimentos y podría sentar un precedente sobre el alcance del control judicial en políticas públicas.
