La Justicia pidió este miércoles al Ministerio de Capital Humano de la Nación que informe de manera “urgente” la lista de personas y el monto abonado a los contratados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Además, citó a declarar al responsable legal en Argentina de dicho organismo internacional.
La medida la impulsó el fiscal federal Ramiro González a raíz de una investigación que se está llevando a cabo por una denuncia que realizó el propio ministerio que conduce Sandra Pettovello. Se trata de la causa donde investigan al exsecretario de Familia y Niñez Pablo de la Torre por presuntas irregularidades en la contratación de personal para la cartera de Capital Humano.
La investigación tiene como fin determinar la existencia de delito en los contratos de Capital Humano que se realizan mediante el convenio con la OEI e identificar a las personas que participaron de la maniobra. El fiscal de la causa, que se encuentra radicada en el juzgado de Ariel Lijo, solicitó de manera “urgente” a la cartera que encabeza Pettovello copia certificada del convenio que alcanzó el ministerio con la OEI, además de la totalidad de las actas complementarias suscriptas entre ambos.
En tanto, la secretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, había ratificado este miércoles en tribunales la denuncia por las contrataciones que se realizaron a través de la OEI. “Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares para reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero lo entregaban a algunos funcionarios”, dijo Gianni ante González. Y acusó: “Cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”.
La Justicia avanza con la orden de entregar los alimentos almacenados
La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al Gobierno nacional elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores y merenderos. El tribunal avaló la decisión de Casanello de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, pero el Gobierno nunca cumplió. El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”. “Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello, según NA.
