Tras casi un mes de tratamiento en comisiones, el Gobierno nacional consiguió el último jueves las firmas de los dictámenes de la ‘Ley de Bases’ y el paquete fiscal, lo cual dará lugar a sesionar en el recinto del Senado de la Nación. Para lograrlo, La Libertad Avanza debió ceder en más de 40 modificaciones motorizadas por los bloques dialoguistas nacionales y bloques pertenecientes a partidos provinciales.
Ganancias
Se trata del capítulo que más cuestionamientos aglutinaba en términos de transversalidad partidaria. Sobre todo, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias abroquelaba a las provincias de la Patagonia. Por esa razón, el oficialismo incrementó en 22% el mínimo no imponible para los habitantes sureños. Sin embargo, esto no conformó a otros senadores y gobernadores del centro del país, que también cuentan con asalariados con altos ingresos.
Blanqueo de capitales
Con respecto al blanqueo de capitales, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en la Administración Pública Nacional en los últimos 10 años.
RIGI
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales. También agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.
Regalías mineras
Se trata de una de las concesiones de último momento que realizó el oficialismo, a pedido del senador José María Carambia. El legislados de Santa Cruz se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del 3% al 5%. “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, indica el texto acordado.
Facultades delegadas
Por último, el Ejecutivo concedió cambios en la redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismos e instituciones públicas que el Gobierno nacional no podrá intervenir para su eventual disolución. Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales, como el Banco Nacional de Datos Genéticos; Senasa; INTI. Por petición de los correligionarios, se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
