Luego de un receso de dos semanas, la agenda del Senado de la Nación volverá a moverse desde agosto con una batería de temas abiertos que atraviesan los intereses del gobierno de Javier Milei. Entre los principales ejes de discusión que dará la Cámara alta se asoman los proyectos que proponen imponer la Boleta Única de Papel (BUP) como nuevo método de votación, modificar la fórmula jubilatoria, cambiar la tipificación del Código Penal en caso de comercialización y/o sustracción de niños.
Como si este conjunto de temas fueran pocos para solo el mes de agosto, se le añadirán al cóctel legislativo las audiencias públicas de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Poder Ejecutivo en enero: el juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla.
Boleta Única de Papel
El consenso para que el proyecto que implanta la votación mediante la BUP llegue al recinto empezó a tomar forma en las últimas dos semanas, tras más de seis meses de estancamiento. Las negociaciones oficiales podrían quedar plasmadas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que podría realizarse en agosto. Allí, convergerían las diferencias que existen entre los dos despachos que obtuvo el proyecto el pasado 10 de enero.
Aquella reunión plenaria concluyó con la firma de un dictamen de mayoría que tuvo el acompañamiento del bloques federales, La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Por otro lado, la senadora Mónica Silva (Río Negro) impulsó otro de minoría con el apoyo del kirchnerismo y del senador Carlos Arce (Misiones).
Tanto Silva como Arce, sumada la senadora Sonia Rojas Decut (Misiones), forman parte de la denominada oposición dialoguista de la Cámara alta y son clave para el oficialismo a la hora de la construcción del quórum y de las mayorías mínimas constitucionales que se necesitan, dependiendo el caso, para aprobar un proyecto.
Sin el apoyo de estos tres senadores, el poroteo con respecto a la BUP queda empatado en 36 votos para cada lado y sin posibilidad de que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, pueda desempatar al tratarse de un electoral. Por esta razón, la BUP duerme desde el verano en la Cámara alta.
Jubilaciones
El pasado 4 de julio, con el apoyo de los bloques dialoguistas, el oficialismo en la Cámara alta neutralizó el intento del kirchnerismo por tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Chaco). Ése mediodía, Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en Diputados e inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión.
La acción de los dialoguistas tuvo como objetivo rescatar a La Libertad Avanza de la embestida kirchnerista para avanzar en la iniciativa. El movimiento anticipatorio fue repudiado por el bloque K, que necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente. El proyecto de movilidad jubilatoria propone una suba del 8,1% los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5% para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6% en enero.
Un proyecto que roza el caso Loan
En la misma sesión, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprime con prisión de tres a 10 años a “quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad”. La iniciativa quedó aprobada en general por 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concretó en medio de la desaparición del niño correntino Loan Peña.
No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo votó en favor del regreso a comisión del proyecto en la cual ya se realizó un primer encuentro. El cambio prevé prisión de cuatro a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un “precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”.
Además, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de “5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”.
Corte Suprema de Justicia
A su vez, el Senado quedará en el centro de la escena porque la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próximo 21 y 28 de agosto a los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por Milei. Ellos son el juez federal Lijo y el constitucionalista Manuel García Mansilla, quienes tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que pasarán, o no, el filtro de la Cámara alta.
A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego de Lijo parece el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los dialoguistas y el propio oficialismo. De hecho, la semana pasada Guadalupe Tagliaferri (PRO) oficializó la apertura del proceso de adhesiones e impugnaciones a las candidaturas de ambos y Lijo ya recibió dos, una de la UCR y otra de la Coalición Cívica.
En este sentido, el presidente segundo de la UCR, Luis Naidenoff, impugnó a Lijo y afirmó que su postulación “es una cachetada” para el electorado de Milei. Por su parte, la Coalición Cívica de Elisa Carrió argumentó que Lijo manifiesta falta de “idoneidad técnica, jurídica y profesional así como la evidente carencia de condiciones éticas y morales”.
