(BUENOS AIRES).- “Fue claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía ninguna racionalidad con un esquema de subsidios que tiene que ayudar a las zonas y a las familias que realmente lo necesitan”. La definición es de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, tras defender en el Senado de la Nación el proyecto de Zonas Frías, que este miércoles consiguió dictamen favorable y limitará el subsidio al gas solo a la Patagonia, Malargüe y la Puna. El oficialismo de La Libertad Avanza avanza así con una reforma que, según el cálculo del Gobierno, permitirá una reducción de $272.000 millones.
El despacho lo firmó un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, y la iniciativa llegó sin cambios respecto de la versión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en mayo último. Según afirmó la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, si la Cámara alta la aprueba tal cual está quedará convertida en ley; de lo contrario, deberá volver a Diputados en segunda revisión. El proyecto se debatirá en el recinto la próxima semana junto con la reforma del Banco Central y el Mercado Voluntario de Carbono.
La reforma deshace la ampliación del régimen sancionada en 2021 por impulso de Máximo Kirchner, que había incorporado como zona fría a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. En esas áreas, el beneficio quedará reservado a hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica: ingresos de hasta 3 Canastas Básicas Totales del INDEC, equivalentes a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes. Contarán con inclusión directa los hogares con un veterano de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), mientras que los que tengan un integrante con Certificado Único de Discapacidad serán evaluados por la Secretaría de Energía.
Cuánto pagarán los usuarios
La medida afectará a más de un millón de usuarios, ya que elimina el subsidio para ciudades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, aunque otras estimaciones hablan de unas 3,4 millones de familias y casi 130 municipios de 10 provincias alcanzados por la ampliación de 2021. Además, el descuento pasará a aplicarse sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que incluye cargos de transporte y distribución. Tettamanti precisó que quienes pierdan el subsidio en las zonas templadas tendrán un aumento de aproximadamente $15.000 por mes, mientras que en la zona fría, donde se pagará todo el cargo fijo, el promedio será de $25.000 más por mes.
Para justificar el cambio, la secretaria de Energía comparó los consumos: sostuvo que en la Patagonia el consumo medio residencial es de 4500 metros cúbicos anuales de gas, contra 990 en las zonas templadas y 650 en el resto de las provincias que quedaron sin subsidios. Tettamanti también salió a desmentir el impacto que le atribuyó la oposición y aseguró que “de ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”. Y remarcó que, en su opinión “tiene que haber subsidios para las familias que tienen problemas para pagarlo, no puede haber subsidios generalizados”.
Con el kirchnerismo ausente en el debate, la crítica peronista estuvo a cargo del puntano Fernando Salino, quien advirtió: “En mi provincia se va a incrementar el 55% la tarifa del gas”. El senador precisó que con el esquema del Poder Ejecutivo “en San Luis se perjudican casi 300 mil personas”. Por su parte, el santacruceño José María Carambia calificó la iniciativa como “una forma alternativa de aumentar tarifas”, cuestionó que le da al Gobierno facilidades para “subir tarifas cuando se le dé la gana” y sostuvo que “si un senador de la Patagonia vota a favor de esto está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo bajo el nombre de “Medidas Energéticas”, también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras de electricidad regularicen sus deudas con CAMMESA. La discusión en el recinto del Senado queda así programada para la semana próxima, cuando el oficialismo buscará convertir en ley uno de los puntos más sensibles de su agenda energética.
