El gobierno de Javier Milei está evaluando medidas para mitigar el impacto político tras el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Una de las opciones en análisis es otorgar un incremento adicional al bono de $70.000 que actualmente reciben los jubilados y pensionados de la mínima. Este aumento podría situarse entre los $10.000 y $20.000, según la evaluación del Ministerio de Economía, que aún debe tomar la decisión final.
Aunque desde la Presidencia se afirma que no se ha decidido otorgar mejoras en los haberes mensuales de los jubilados, la posibilidad de aumentar el bono de septiembre está sobre la mesa. Este ingreso adicional ya había sido implementado durante la gestión de Sergio Massa para contrarrestar los efectos de la inflación. De acuerdo a datos de la agencia NA, la discusión sobre esta medida podría intensificarse en los próximos días, especialmente con la reunión programada entre técnicos de la Anses y del Palacio de Hacienda.
En un encuentro reciente con bloques legislativos, el presidente Milei justificó el veto a la ley de movilidad jubilatoria por el elevado costo fiscal que implicaría su aplicación. Según Milei, la implementación de la normativa llevaría al país a un «callejón sin salida», con nuevas demandas presupuestarias que podrían desequilibrar las cuentas públicas. No obstante, la posibilidad de una recomposición del 8,1% prevista en la ley vetada sigue siendo tema de debate dentro del oficialismo.
Un aumento excepcional calmaría la tensión con la oposición y los jubilados
Sectores «dialoguistas» del oficialismo han propuesto que una mejora en los haberes de los jubilados podría ayudar a reducir la tensión social y evitar una mayoría parlamentaria que intente anular el veto presidencial. Estos sectores argumentan que, aunque el gobierno rechaza la idea por el momento, un gesto en esa dirección podría fortalecer la cohesión política y evitar nuevas crisis en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, se teme que la anulación de la ley que beneficiaba a un sector vulnerable, como los jubilados, genere un malestar social comparable al que ocurrió con los recortes a los fondos de las universidades nacionales. Aunque estos últimos fueron en parte revertidos tras una masiva protesta, la situación ha dejado al gobierno en una posición delicada frente a la opinión pública.
Un diputado que participó en la reunión del viernes indicó que la mejora en los haberes jubilatorios podría discutirse en una mesa política que se formará en las próximas semanas bajo la conducción del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Este foro buscará frenar cualquier intento del kirchnerismo de impulsar la anulación del veto en la Cámara baja y podría ser clave para definir el rumbo de la política económica y social del gobierno en los próximos meses.
En definitiva, el gobierno de Milei está en una encrucijada: necesita encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal y la presión social por mejorar los ingresos de los jubilados. Un sector del oficialismo confía en que se tomará alguna medida para aliviar la situación de los jubilados, posiblemente mediante la reasignación de partidas presupuestarias.
