(BUENOS AIRES).- “No se puede exigir más control con menos Vialidad”, afirmó Graciela Aleñá, titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA). La dirigente cuestionó al Poder Ejecutivo por la administración de los fondos destinados a las rutas: entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones, pero solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.
El relevamiento del STVyARA se apoyó en documentación oficial reconstruida por el gremio. El período analizado abarca desde 2024 hasta mayo de 2026 y muestra que la mayor parte de los recursos no fue aplicada a trabajos de infraestructura vial. Al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos.
El Poder Ejecutivo admitió posteriormente que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal. Graciela Aleñá cuestionó esa decisión: “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”. El sindicato considera que esa utilización perjudica de manera directa el estado de los caminos nacionales.
La denuncia de STVyARA fue difundida el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando el Gobierno Nacional evaluaba incorporar nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. El gremio vinculó la falta de ejecución de los fondos con el deterioro de la estructura estatal encargada de mantener y controlar la red vial.
Fondos para rutas y control de las concesiones
La alerta del STVyARA se produjo ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. El gremio calificó el proceso como un “ruticidio” y acusó al Poder Ejecutivo de ejecutar un “vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional”.
El comunicado sindical también cuestionó el esquema de control previsto para las futuras concesiones. Mientras Vialidad Nacional conservaría la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, se aprobó un segundo programa de Retiro Voluntario para reducir su dotación. Aleñá advirtió: “No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”.
El segundo programa de Retiro Voluntario es presentado por el gremio como una reducción del personal técnico en el mismo momento en que se ampliarían las tareas de fiscalización. Para el STVyARA, esa combinación limitaría la capacidad pública de supervisar las obras y el funcionamiento de las concesiones privadas.
El Gobierno Nacional quedó así cuestionado por dos decisiones que el sindicato considera relacionadas: mantener sin ejecutar una parte mayoritaria de los recursos destinados por ley a la infraestructura vial y avanzar con un esquema que asignaría nuevas responsabilidades de control a una Vialidad Nacional con menor dotación.
El STVyARA rechazó que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad económica privada. Aleñá resumió la posición del gremio: “No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”.
La denuncia sindical quedó planteada junto con la evaluación oficial para sumar los 26 tramos de rutas nacionales a concesiones privadas. El reclamo central consiste en que los fondos recaudados para infraestructura sean aplicados a obras y que Vialidad Nacional conserve capacidad técnica para cumplir con sus tareas de auditoría y control.
