Diputados de Unión por la Patria reclamaron que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados incluya en su próximo temario el proyecto que crea el Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias (REFIOA). La iniciativa busca garantizar el pago de las cuotas alimentarias y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.
El pedido fue presentado por María Parola y Sabrina Selva, quienes solicitaron al presidente de la comisión, Álvaro Martínez, que avance con el expediente 7399-D-2025. El proyecto también cuenta con el respaldo de Guillermo Michel, Marianela Marclay y Victoria Tolosa Paz.
Qué propone el proyecto sobre los deudores alimentarios
La iniciativa plantea crear un registro de alcance nacional que reúna información de todo el país. Según los fundamentos, el objetivo es evitar que una persona pueda eludir las consecuencias del incumplimiento alimentario simplemente trasladándose de una jurisdicción a otra.
“La creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”, sostienen los autores. El sistema sería interoperable con organismos como ARCA, ANSES, el Banco Central, Migraciones y los registros de propiedad inmueble y automotor.
La inscripción no sería automática, sino que un juez debería ordenarla mediante una resolución fundada. El proyecto establece como criterio que exista una deuda de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, además del incumplimiento reiterado o injustificado de gastos extraordinarios que haya fijado la Justicia.
Las restricciones que contempla el REFIOA
Entre las principales medidas propuestas aparece una restricción para ingresar a casinos, salas de bingo, agencias de apuestas y plataformas de juego online autorizadas. Los fundamentos remarcan que se trata de una actividad recreativa y que la medida funcionaría como una consecuencia derivada del incumplimiento alimentario.
“La restricción prevista no regula la actividad de juego en sí misma ni interfiere en las competencias provinciales sobre la materia, sino que opera como una consecuencia civil derivada de un incumplimiento declarado judicialmente”, señala el texto.
El proyecto también propone que quienes figuren en el registro no puedan contratar con el Estado ni trabajar como proveedores o contratistas. Tampoco podrían ser designados en cargos de la Administración Pública Nacional mientras mantengan la deuda.
Los autores justificaron la iniciativa con datos de UNICEF Argentina, según los cuales más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no recibe la cuota alimentaria. La cifra asciende al 68% cuando se incluyen los casos en los que el pago no se realiza de manera regular.
En los fundamentos, los diputados sostienen que el incumplimiento alimentario afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. Por eso, plantean que el REFIOA permita coordinar información y decisiones judiciales a nivel nacional, con mecanismos para proteger los datos personales y una baja del registro que también deberá ordenar un juez.
