El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, enviará al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores con el objetivo de reducir el elevado nivel de vacantes en la Justicia argentina. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que esta cifra supera las enviadas durante los primeros años de gobierno de sus predecesores Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Adorni explicó que el Gobierno recibió un sistema judicial con un 30% de vacancia en los juzgados y un 50% en las fiscalías, lo que implica que «uno de cada tres juzgados no cuenta con un juez y una de cada dos fiscalías carece de fiscales». El vocero también apeló al compromiso del Senado, instando a los legisladores a abordar esta situación con «responsabilidad absoluta» para evitar mayores niveles de impunidad en el país.
El anuncio fue acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien aportó cifras actualizadas: 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores. Amerio recordó que organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han instado al Gobierno argentino a cubrir estas vacantes, dada la preocupación que generan para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
El proceso de designación se llevará a cabo en tandas de 20 pliegos por vez, con la obligatoriedad de que los postulantes presenten su declaración jurada y actualicen su currículum. Sin embargo, algunos de los candidatos aún no han cumplido con este requerimiento, según informó el funcionario.
La designación de jueces idóneos para revertir el déficit judicial es una prioridad del presidente Milei, subrayó Amerio. «Hay tribunales que se encargan de delitos como robos y violaciones que llevan años sin juez desde 2018», advirtió. La cobertura de vacantes es vista como una herramienta clave para descongestionar los tribunales y acelerar los procesos judiciales, ofreciendo así una Justicia más rápida y efectiva.
Este anuncio se realizó en un contexto marcado por el interés de organismos internacionales y la presión interna por la mejora del sistema judicial argentino, un desafío que el Gobierno de Milei parece decidido a asumir.
