(BUENOS AIRES).- “denegar la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad”, resolvió la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata al rechazar el planteo de AySA. El fallo, dictado el 25 de septiembre de 2026, mantiene vigente la cautelar que condiciona el proceso de privatización de la empresa.
El argumento de la Cámara
La Cámara explicó que los recursos no eran admisibles porque la resolución cuestionada recaía sobre una medida cautelar y no tenía carácter definitivo. La sentencia lo expresó así: “toda vez que la decisión en crisis no conforma uno de los supuestos susceptibles de ser impugnados por dichos carriles extraordinarios”. El tribunal también indicó que “no encontró en el caso ninguna circunstancia excepcional que justificara apartarse de ese criterio”.
Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez resolvieron por unanimidad que los recursos habían sido presentados en término, pero no podían ser tratados por esa vía extraordinaria. AySA los había presentado el 21 de septiembre contra la resolución que mantuvo vigente la cautelar. La empresa alegó “gravedad institucional”, falta de verosimilitud en el derecho, ausencia de peligro en la demora y afectación al interés público. También sostuvo que “ninguno de los recaudos cautelares puede tenerse por acreditado, cualquiera sea el grado de verosimilitud o urgencia que se invoque”.
La cautelar había sido confirmada por la Cámara el 8 de septiembre, frente a los riesgos señalados por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La medida ordena que AySA se abstenga de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente. También alcanza las condiciones de prestación del servicio, las obras, la calidad del agua y la protección ambiental.
La demanda que originó la medida fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La Defensoría había advertido un “riesgo inminente” de que la reestructuración y la eventual privatización derivaran en un deterioro del servicio y en el abandono de obras programadas. El planteo sostiene que el nuevo esquema podría provocar postergación de obras, reducción de inversiones o flexibilización de controles, con eventuales consecuencias ambientales y sanitarias.
La Justicia bonaerense se declaró incompetente para intervenir en el fondo del expediente por el carácter federal de AySA y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N°2, Secretaría N°4, de La Plata. La Defensoría apeló esa decisión para intentar que el trámite permaneciera dentro de la órbita de la provincia de Buenos Aires. La ley 26.854 establece que el juez que acepte la competencia deberá definir el alcance y la vigencia de la cautelar en un plazo que no puede superar los cinco días.
El Gobierno nacional continuó con el cronograma de venta pese a las restricciones judiciales. El esquema oficial contempla transferir el 90% del paquete accionario que pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El Ministerio de Economía autorizó la licitación pública nacional e internacional y avanzó con la apertura de ofertas técnicas. El Gobierno sostiene que la privatización permitirá incorporar un operador con capacidad técnica y financiera para ampliar la red y mejorar el servicio, pero la próxima decisión sobre la cautelar quedará en manos de la Justicia Federal.
