La Fundación Pensar, del PRO, cuestionó a Javier Milei por usar de manera frecuente el veto presidencial. Según el informe, el Gobierno convirtió esta herramienta en un recurso diario que evidencia el fracaso del diálogo con el Congreso. Además, muestra la dificultad de la gestión para conseguir apoyos legislativos y frenar leyes que van en contra de su proyecto.
Sectores sociales perjudicados
El documento señala que detrás de cada veto hay un grupo social que se siente afectado. Jubilados, estudiantes universitarios, médicos del Garrahan y vecinos de zonas inundadas son algunos de los perjudicados. Pensar asegura que esta práctica erosiona apoyos y deja en evidencia la falta de acuerdo de un rumbo común en el país.
La urgencia del Presupuesto 2026
El informe destaca que la ausencia de un presupuesto limita al Ejecutivo para ordenar prioridades de gasto. Por eso, la Fundación Pensar pidió que septiembre sea el mes para enviar y debatir el Presupuesto 2026. Señalan que esta ley es clave para coordinar al Congreso y al Poder Ejecutivo sobre cómo administrar los recursos.
Construir consensos legislativos
Pensar afirmó que, con la actual composición del Congreso, existe una mayoría posible para mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, lograrlo requiere debates serios y profundos, como ocurrió con la Ley de Bases. La fundación insiste en que el respeto a los procesos legislativos genera confianza y estabilidad política.
Impacto político y social de los vetos
Los vetos frecuentes afectan distintos sectores y generan tensiones políticas que podrían evitarse con un presupuesto aprobado a tiempo. La práctica dificulta planificar políticas públicas y pone en riesgo la estabilidad económica del país.Un Presupuesto sin déficit fiscal sería una señal clara de solidez para cualquier programa económico.
El PRO subrayó que decisiones responsables generan confianza, lo que favorece el desarrollo y la credibilidad ante la sociedad y los mercados. La fundación pidió consenso entre Ejecutivo y Legislativo para garantizar un debate transparente y participativo del Presupuesto 2026. Solo así se podrá consolidar un rumbo económico confiable y sostenible en Argentina.
