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POLÍTICA

¿Axel Kicillof le gana al Gobierno en la Justicia?: la lucha por los fondos que se podría definir el 10 de junio

 

El gobernador bonaerense presionó al Gobierno Nacional por una deuda de más de 2 billones de pesos a las cajas jubilatorias de la Provincia.

 
Axel Kicillof

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, mantiene sus reclamos en la Corte Suprema de Justicia contra la gestión de Javier Milei por deudas de más de 15 billones de pesos. En este contexto, el Gobierno Nacional deberá presentarse el próximo 10 de junio para presentar una propuesta de pago para saldar la deuda correspondiente a las cajas jubilatorias de la provincia.

«Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán presentar el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que les venimos solicitando desde hace dos años«, escribió Kicillof en sus redes sociales. Según precisó el gobernador, la deuda de los fondos destinados a las cajas jubilatorias ascendería a 2,3 billones de pesos.

El gobierno bonaerense acude a la Corte Suprema

En el reclamo original, la administración de Kicillof asegura que la deuda se originó por la «suspensión de las transferencias de fondos que la ANSES debe realizar de manera obligatoria a todas las cajas provinciales que no hayan sido derivadas al Estado Nacional». Acompañaron al gobernador bonaerense el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Bocco Proietti.

La postura de Kicillof

Tras la audiencia, el gobernador enfatizó: «La provincia tiene ocho reclamos presentados en la Corte suprema por distintas deudas que suman más de 15 billones de pesos. Una cifra inmensa que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año«. Kicillof continuó apuntando contra la gestión libertaria por la «enorme presión que provocó sobre las provincias y municipios» y la «crisis producto de sus políticas económicas de recorte».

«No es optativo enviar estos recursos, es una obligación y un derecho de nuestro pueblo, al que vamos a seguir defendiendo en las próximas instancias judiciales hasta tener una respuesta«, cerró el gobernador. La primera audiencia por el caso se realizó el 17 de marzo, cuando el máximo tribunal exigió a ambas partes presentar toda la información pertinente; desde entonces, se habrían desarrollado conversaciones para alcanzar un acuerdo, el cual todavía no se logró concretar.