Después de una nueva reunión con gobernadores provinciales, el Gobierno Nacional habilitó a través de un decreto un proceso de licitación para empresas privadas destinado a modernizar y acondicionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional. Según estimaron desde la Nación, más de una docena de empresas estarían en condiciones de presentarse en el proceso.
«El Gobierno Nacional informa que, tras el cierre del período previsto para la presentación de impugnaciones, continúa avanzando en la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión puramente privada», indicó el comunicado oficial publicado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.
¿Dónde se realizarán las obras?
Tras haber cerrado la concesión de la Etapa I, la gestión libertaria avanzará con la Etapa II A, que consiste en dos tramos: el Sur Atlántico – Acceso Sur de 1.325,17 km entre las RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri, etc.; y el Pampa de 546,65 km (RN 5). En total se recibieron 19 ofertas para la Etapa II A, pero se admitieron 12 solicitudes luego de acreditar la capacidad técnica y solvencia financiera de los oferentes.
Asimismo, se realizó un proceso similar para los 1.325,17 km del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza-Cañuelas y Autopista Newbery). Para este proceso se recibieron 10 ofertas, de las cuales solo 6 fueron aprobadas.
¿Qué criterios estableció el Gobierno?
La primera exigencia esencial del Gobierno Nacional en la licitación fue acreditar la capacidad para la ejecución directa de las obras. Las empresas deberán contar con los recursos, la experiencia y la estructura necesarios para poder ejecutar las obras, gestionar equipos, asumir responsabilidades constructivas y responder adecuadamente a eventuales contingencias operativas. Es decir, que las empresas ejecuten efectivamente las obras por si mismas y sin tercerizar procesos.
Otro requisito fundamental fue la solvencia económica-financiera de las empresas, para asegurar de que cuenten con el respaldo monetario suficiente para asumir los riesgos integrales de la concesión sin tener que recurrir a asistencia estatal.
Según indicaron desde el Gobierno, los procesos de concesión se realizaron bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y una evaluación objetiva para garantizar el correcto procedimiento por las autoridades de la gestión actual.
ETAPA II-A DE LA RED FEDERAL DE CONCESIONES
— Secretaría de Transporte (@ArgTransporte) April 15, 2026
En esta etapa del proceso licitatorio se busca modernizar y poner en valor más de 1.900 km de corredores estratégicos de la red vial nacional con inversión 100% privada.
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