El Gobierno nacional recibió su primer tropiezo judicial importante tras la oficialización de la reforma de la Ley de Glaciares. Aunque la medida ya fue promulgada mediante el Decreto 271/2026 y está vigente en el resto del país, la Justicia decidió ponerle un freno total en la provincia de Santa Cruz.
La decisión fue tomada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien ordenó al Estado Nacional que se abstenga de aplicar o autorizar cualquier acto basado en la nueva normativa dentro del territorio santacruceño. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el conflicto.
La Justicia de Santa Cruz frena el avance oficial
Este revés judicial tiene su origen en un amparo colectivo ambiental presentado por autoridades de la ciudad de El Calafate. Los demandantes fueron el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante local. En los argumentos presentados sostienen que la reforma permite actividades que podrían dañar de forma irreversible los glaciares y el ambiente que los rodea.
El juez Vázquez justificó su decisión al señalar que la demora en una sentencia final podría hacer que la protección de estos recursos naturales llegue demasiado tarde. Por este motivo, suspendió cautelarmente los efectos de la nueva Ley N° 27.804 para evitar que se realicen actividades incompatibles.
#DataClave | Suspenden la aplicación de la nueva Ley de Glaciares en Santa Cruz
— Dataclave (@Dataclave) April 24, 2026
?Lo hizo la Justicia Federal de Río Gallegos, que dictó una cautelar en el marco de un amparo colectivo ambiental presentado por autoridades de El Calafatehttps://t.co/qsaN37149K
Un cambio de reglas que otorga poder a las provincias
La reforma impulsada por la gestión de Javier Milei busca desplazar el foco de protección hacia un modelo que el Gobierno considera más «flexible». Uno de los puntos más polémicos es que ahora las provincias tienen un rol central y podrán definir sus propios criterios técnicos para determinar qué zonas deben ser protegidas.
Bajo la nueva ley, solo recibirían protección estricta aquellos glaciares que cumplan una función hídrica comprobada o relevante. Para el oficialismo, esto permite «fortalecer el federalismo ambiental», mientras que para los sectores críticos, se trata de una puerta abierta para actividades extractivas.
El riesgo ambiental y el reclamo de «no regresión»
La demanda presentada en Santa Cruz asegura que estos cambios representan una regresión en los estándares de protección previstos en la Constitución Nacional. Advierten que al reducir las áreas protegidas se habilitan actividades prohibidas en zonas clave para el agua dulce del país.
Con este fallo, el Gobierno enfrenta un desafío político y legal en una provincia donde la preservación de los recursos hídricos es una prioridad estratégica. Mientras el oficialismo apuesta a un modelo basado en la evaluación de impacto ambiental «caso por caso», la Justicia ha decidido, por ahora, mantener el esquema de protección anterior en suelo santacruceño.
