La exdirectora del PAMI y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, advirtió este martes sobre la crítica situación financiera que atraviesa la obra social de los jubilados y pensionados. En una entrevista reciente, la especialista afirmó que si el ministro de Economía, Luis Caputo, no gira los fondos, el organismo podría desaparecer.
Según la legisladora, el funcionario estaría reteniendo los recursos necesarios para el funcionamiento diario de la institución, lo que afecta directamente a más de 5 millones de afiliados. En este sentido, la exministra de Salud aseguró que el contexto actual es insostenible debido a la falta de pagos a prestadores, clínicas y farmacias.
Un presupuesto pisado por el ajuste fiscal
Ocaña explicó que el PAMI hoy depende de las transferencias del Tesoro nacional para compensar la falta de fondos que antes cubría el impuesto PAIS. Sin embargo, denunció que Economía está «sentándose sobre el pago» de medicamentos y prestaciones para sostener el superávit financiero.
En sus declaraciones, la exdirectora fue tajante sobre el futuro del organismo bajo esta política de recorte. “Economía si no le gira los fondos, PAMI va a desaparecer porque no puede mantenerse con los recursos propios”, sentenció Ocaña en Radio Con Vos.
El objetivo de traspasar el servicio a las provincias
Para la legisladora, el desfinanciamiento actual no es una casualidad, sino que responde a una estrategia política de fondo. Ocaña cree que el objetivo del Gobierno es dejar de ser el responsable directo de la salud de los jubilados y las personas con discapacidad.
“Creo que es en definitiva el plan final del gobierno que es para traspasarle el PAMI a las provincias”, aseguró la referente opositora. Advirtió que este movimiento sería un «error garrafal» y un retroceso enorme, ya que las provincias no cuentan con los presupuestos necesarios para absorber semejante demanda.
Prestaciones cortadas y médicos con sueldos a la mitad
La crisis ya se siente en la falta de insumos básicos y en la atención médica diaria. Se reportan deudas de 500.000 millones de pesos, falta de vacunas en varias provincias y casos de médicos que han sufrido recortes del 50% en sus ingresos.
Ocaña denunció que el pago por cada afiliado es irrisorio, lo que provoca que muchos profesionales decidan renunciar al sistema. “Si pretendemos pagar 2.100 pesos una consulta médica… los jubilados no van a tener prestación. No va a haber médicos que quieran atender a esos valores”, explicó sobre el vaciamiento del servicio.
Denuncia penal y amparo contra el Gobierno
Ante la gravedad institucional de este desfinanciamiento, la legisladora adelantó que tomará medidas legales urgentes. El objetivo es obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con las leyes de financiamiento y con el presupuesto nacional que fue aprobado por el Congreso.
Ocaña confirmó que están trabajando para presentar un recurso de amparo y una “denuncia penal a los funcionarios por no mandar los fondos” que corresponden legalmente. Según la exministra, la salud de los ciudadanos no puede ser una variable de ajuste sujeta a los «fríos números» de la economía.
