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POLÍTICA

José Mayans pidió juicio político contra Manuel Adorni en medio del avance de las causas

 

Además, el jefe del interbloque peronista reveló que hay tres posibles candidatos que evalúan dentro del espacio de cara al 2027.

 
José Mayans
José Mayans

El jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, planteó este lunes que la Cámara de Diputados «tiene que analizar la posibilidad del juicio político» contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se encuentra en el centro de un escándalo mediático y judicial por el crecimiento acelerado de su patrimonio durante sus dos años como funcionario nacional.

En diálogo Radio Splendid AM 990, el senador formoseño precisó que, en caso de avanzar esa iniciativa, «la que tiene que hacer la acusación es la Cámara de Diputados», mientras que el Senado sería el encargado de llevar adelante el juzgamiento, de acuerdo con el procedimiento constitucional vigente.

El peronismo piensa en 2027

Consultado sobre las perspectivas electorales del peronismo de cara a 2027, José Mayans reconoció que «hay varios compañeros con aspiración» y llamó a construir acuerdos internos. Entre los nombres con posibilidades de encabezar una candidatura presidencial del espacio, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al mandatario de San Juan Sergio Uñac y al exministro de Economía Sergio Massa.

Manuel Adorni más complicado

La causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito avanza en los tribunales federales bajo la conducción del fiscal Gerardo Pollicita. El expediente se centra en una serie de operaciones inmobiliarias que incluyen la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares, una vivienda en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz y otra propiedad en Parque Chacabuco.

En todos los casos, el financiamiento se concretó mediante hipotecas privadas otorgadas por particulares. Uno de los aspectos que más intriga a la fiscalía es la identidad y el perfil económico de quienes prestaron el dinero. Entre las acreedoras identificadas figuran dos jubiladas que vendieron el departamento de Caballito y luego financiaron parte de la compra, y dos integrantes de la Policía Federal que otorgaron un préstamo de 100.000 dólares sobre otro inmueble.

La Justicia busca determinar si esas personas contaban con la capacidad económica suficiente para sostener esos créditos y cuál es el origen real de los fondos involucrados.