Diputados de diversos bloques de la oposición presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno de Javier Milei que cumpla de manera efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa surge tras el fallo de la Justicia que ordena al Poder Ejecutivo actualizar los fondos para las casas de altos estudios.
La medida cuenta con el respaldo de sectores ampliamente representativos del Congreso, como la UCR, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Según los legisladores, el Gobierno se niega a aplicar una ley que fue aprobada con mayorías especiales y que ya tiene el aval de los tribunales federales.
Una oposición unida contra la inconstitucionalidad
La diputada radical Mariela Coletta, una de las impulsoras del proyecto, aseguró que el Ejecutivo nacional “no puede seguir en el camino de la inconstitucionalidad”. En sus redes sociales, la legisladora comentó que esta «irregularidad y persecución» contra las universidades debe detenerse de inmediato para asegurar su funcionamiento.
El texto presentado busca que el Congreso tome una postura firme frente a lo que considera una desobediencia judicial por parte del Estado nacional. Los diputados subrayan que la situación de los trabajadores universitarios es crítica por los bajos salarios que perciben.
EL GOBIERNO NO PUEDE SEGUIR EN EL CAMINO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
— Mariela Coletta (@marielacoletta) April 14, 2026
Junto con otros bloques ampliamente representativos de la Cámara de Diputados (Provincias Unidas, Unión por la Patria, Coalición Cívica, Adelante Buenos Aires, Encuentro Federal, Coherencia) exigimos al Poder… pic.twitter.com/e51y5nI8Jj
¿Qué dice el proyecto de resolución presentado?
El documento presentado en la Cámara Baja es contundente en sus exigencias legales. En su artículo principal, los legisladores proponen: “exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.795, conforme lo resuelto por el Poder Judicial”.
Asimismo, el proyecto apunta directamente a la Jefatura de Gabinete para que intervenga en la situación. El texto pide al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que dentro de sus responsabilidades tome las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma que garantiza el financiamiento y la mejora salarial.
El respaldo judicial y el bajo impacto fiscal
La presión legislativa se apoya en una reciente decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó las apelaciones del Gobierno. La Justicia argumentó que los reclamos del Estado contra la ley son “poco serios” y ratificó que la suspensión de la norma por decreto.
Finalmente, el proyecto destaca que cumplir con la ley no pone en riesgo las metas económicas del oficialismo. Según los informes judiciales, el costo de implementar la actualización salarial y de las becas universitarias representa apenas un 0,23% del PBI, por lo que no tendría un impacto fuerte en el equilibrio fiscal del país.
