El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”; la iniciativa busca reformar las leyes vigentes sobre discapacidad y seguridad social. El texto oficial propone cambios en la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y otras normas clave para establecer nuevos controles sobre quienes reciben estos beneficios.
Desde el Ejecutivo argumentan que es necesario transparentar el sistema debido a lo que califican como un “crecimiento exponencial” de las pensiones no contributivas. Según los datos presentados, entre 2003 y 2023 los beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, una cifra que el Gobierno considera fuera de toda lógica estadística, incluso comparada con países que atravesaron guerras.
Auditorías y sospechas de irregularidades
El proyecto de ley se fundamenta en una “inevitable sospecha” sobre cómo se otorgaron estas pensiones en las últimas dos décadas. El texto enviado por el Ejecutivo señala que investigaciones judiciales y procesos de auditoría interna han detectado un “conjunto de irregularidades” en las prestaciones.
En el documento, se destacan casos de “domicilios inexistentes” y beneficiarios que no cumplen con los requisitos legales o médicos exigidos por la normativa. El Gobierno sostiene que estos desvíos generan un “injustificable dispendio de los recursos” que termina perjudicando a quienes realmente necesitan la cobertura estatal por su incapacidad acreditada.
El límite de los «recursos estatales disponibles»
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el cambio en la filosofía de financiamiento. El proyecto propone que el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de las personas con discapacidad esté atado al “máximo de sus recursos disponibles” por parte del Estado. Esto significa que el pago de las pensiones se realizaría de manera proporcional a la plata que tenga el Gobierno en ese momento.
La iniciativa también busca establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude”, modificando la definición de invalidez laborativa que se utilizaba hasta ahora. Con este nuevo enfoque, el oficialismo pretende que la política pública sea sostenible en el tiempo sin poner en riesgo las cuentas fiscales del país.
Provincias y el nuevo esquema de financiamiento
El proyecto abre la puerta a un cambio en la administración de estos programas a lo largo de todo el territorio nacional. Se prevé la posibilidad de firmar convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción se haga cargo de organizar y financiar el programa.
Bajo este nuevo esquema, Nación contemplaría el financiamiento para los actuales afiliados, pero se espera que las provincias prevean el costo de los futuros beneficiarios. El objetivo final, según el texto del Ejecutivo, es compatibilizar las necesidades públicas con los recursos reales con los que cuenta la Secretaría Nacional de Discapacidad.
«Fraude es que las familias se endeuden»: la furia de la oposición
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, denunció el proyecto y calificó al Gobierno de “hipócrita”. En un duro descargo en redes sociales, la legisladora afirmó que el verdadero engaño es el ajuste económico que recae sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
?LA HIPOCRESÍA AVANZA
— Sabrina Selva (@SabriSelva) April 20, 2026
El gobierno ingresó un proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez.
FRAUDE es quedarse con el 3% de la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad.
FRAUDE es no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad que el… pic.twitter.com/NEvEGj1tKa
“Fraude es decir que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo estén pagando las familias”, disparó Selva. Además, acusó a la gestión libertaria de ser un “gobierno de insensatos disociados de la realidad”. Por último, la legisladora remarcó la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar de contar con el aval del Congreso.
