Luego de que el Ministerio de Capital Humano de la Nación decidiera darle de baja y reemplazarlo por un sistema de vouchers, la Justicia dictaminó que la cartera de Sandra Pettovello debe continuar con el programa ‘Volver al Trabajo’, que tiene un universo de beneficiarios cercano a las 900 mil personas.
Este martes se conoció que una resolución del Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Campana, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por titulares del plan social que la ministra reemplazó por un sistema que generó mucha polémica. La Justicia dispuso que el Ministerio de Capital Humano mantenga la asistencia económica hasta que se garantice un esquema alternativo “claro”.
El fallo establece que el Estado nacional no puede interrumpir el programa sin asegurar una política de reemplazo efectiva, dado que se había anunciado que, desde mayo, los beneficiarios del programa pasaban a integrar un sistema de vouchers por compensación de tarea, el cual no era para todos.
Lo que resta resolver ahora es qué pasará en mayo, cuando las personas deban cobrar los 80 mil pesos del programa Volver al Trabajo. Por ahora, el fallo judicial habilita a quien lo sigan percibiendo, pero es algo que dependerá de cómo lo ejecute el Ministerio de Capital Humano, quien no se ha expedido sobre esta resolución del Juzgado de Campana.
Otro revés judicial para el Gobierno. El Juzgado Federal de Campana ordena a Capital Humano mantener los pagos del programa “Volver al Trabajo”. Son 900 mil beneficiarios que cobran cerca de $80 mil. La idea del Gobierno era cortarlo desde mayo. pic.twitter.com/lrPga3frxC
— Manu Jove (@manujove) April 21, 2026
Qué es el programa Volver al Trabajo
Según fuentes oficiales, el programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.
Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos, por el cual cobran 80 mil pesos mensuales.
Otro revés para el Gobierno nacional
Esta decisión de la Justicia de Campana se suma a otros fallos en contra del gobierno nacional de Javier Milei, como por ejemplo el de la aplicación de la ley de financiamiento universitario o la ley nacional de discapacidad.
Además, hay que recordar que también hubo cautelares por la reforma laboral, sobre todo por una medida interpuesta por la CGT. La decisión fue dejar sin efecto, por ahora, a 82 artículos de la normativa aprobada en el Congreso.
