La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su «seria preocupación y rechazo» ante una medida cautelar dictada por el juez Walter Federico Saettone, del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar. La resolución judicial surge a raíz de una denuncia presentada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, contra un grupo de periodistas que informan sobre la entidad deportiva.
Según el comunicado de ADEPA, el fallo impone prohibiciones de contacto y acercamiento, además de ordenar a los profesionales de prensa que se abstengan de difundir datos personales, imágenes o cualquier tipo de información relacionada con el ámbito privado o familiar del dirigente. La entidad advirtió que este tipo de restricciones afectan directamente la libertad de prensa en el país.
Una medida «sin fundamentos» contra la labor informativa
Para ADEPA, la resolución judicial presenta fallas graves en su justificación. La entidad sostuvo que el fallo «no menciona hechos concretos» que permitan vincular a los periodistas con la comisión de un delito, ni siquiera de forma provisoria. Por el contrario, señalaron que la acusación parece centrarse únicamente en la «decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso ‘AFA’».
En este sentido, el organismo recordó que Claudio Tapia es una figura con una clara responsabilidad institucional y actuación pública. Por este motivo, el concepto de vida privada «debe ser interpretado con especial cuidado» para no bloquear investigaciones o publicaciones que traten sobre asuntos de interés general para la sociedad.
ADEPA expresa seria preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística? https://t.co/zp52YArqEM
— ADEPA (@Adepargentina) May 18, 2026
El riesgo de un «efecto inhibitorio» en el periodismo
Uno de los puntos más críticos señalados por ADEPA es la prohibición de acercamiento a los lugares donde el presidente de la AFA desarrolla sus actividades habituales. Advierten que esta restricción impide tareas fundamentales del periodismo, como procurar información, formular preguntas o cubrir acontecimientos de relevancia pública.
La asociación afirmó que el uso de denuncias penales para imponer estas cautelares «sin fundamentos específicos» funciona como un mecanismo indirecto para entorpecer la labor de la prensa. Según expresaron, estas medidas generan un «serio efecto inhibitorio», ya que otros periodistas podrían evitar investigar temas sensibles ante el temor de recibir sanciones judiciales similares.
Denuncia de censura previa y peligroso antecedente
Finalmente, el comunicado advierte que la resolución del juez Saettone viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales prohíben establecer cualquier tipo de censura previa sobre la libertad de expresión.
ADEPA remarcó que, si bien la seguridad personal y la intimidad deben protegerse, esto debe ser compatible con el ejercicio de informar. La entidad concluyó que una decisión de estas características representa un “peligroso antecedente” para el futuro del ejercicio periodístico y el debate público en la Argentina, al limitar la capacidad de los medios para escrutar a figuras con poder institucional.
