Un conflicto por la ocupación de una capilla histórica familiar en Catamarca, más precisamente en la localidad de Hualfín, se derivaron denuncias penales, presentaciones ante la Justicia federal y reclamos ante organismos nacionales de patrimonio. La familia Mena Saravia sostiene que el inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional en 1967 y bajo posesión familiar desde hace más de dos siglos y medio, fue ocupado por personal vinculado a la Municipalidad local.
Según la denuncia presentada por los propietarios, la ocupación ocurrió en junio de 2024, cuando un grupo de personas ingresó al templo religioso tras romper candados y ejercer actos de violencia sobre el lugar. La familia atribuyó el episodio a personal enviado por el intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, lo que motivó acciones judiciales en distintos fueros.
La capilla, considerada una de las más antiguas de la región, fue construida en el siglo XVIII por doña María de Medina y Montalvo, antepasada de la familia Mena Saravia, e inaugurada en 1770, constituyendo una sola unidad con la casona familiar. Décadas atrás, fue declarada Monumento Histórico Nacional a partir de gestiones impulsadas por el presbítero e historiador catamarqueño Ramón Rosa Olmos.
El avance judicial y la dimensión política del conflicto
De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, la familia sostiene haber mantenido la posesión y custodia ininterrumpida del inmueble desde su construcción. Además, señala que distintas generaciones conservaron vínculos institucionales con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Actualmente, el caso se tramita en distintos ámbitos judiciales. Por un lado, existe una denuncia penal radicada en la provincia de Catamarca, impulsada por el abogado Julio Moreno, titular de un estudio jurídico en la ciudad de Belén. Paralelamente, se desarrolla una causa en el Fuero Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Belén, encabezada por el estudio jurídico Vila Melo, de Catamarca, junto con el abogado Julio Córdova. A eso se suma una presentación en el ámbito federal, promovida por el estudio que dirige el doctor Bernardo Saravia Frías, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el conflicto involucra un bien declarado Monumento Histórico Nacional.
En sus presentaciones, la familia Mena Saravia sostiene que el episodio excede una disputa patrimonial y plantea interrogantes sobre la protección de la propiedad privada y del patrimonio histórico en el interior del país.
“La capilla no representa solamente la historia de una familia, sino también una parte de la memoria histórica de Hualfín y de Catamarca”, señalaron en documentos incorporados a la causa judicial.
El conflicto también comenzó a adquirir dimensión política. Los denunciantes cuestionaron la falta de intervención efectiva del gobierno provincial, encabezado por Raúl Jalil.
Según sostienen, la ocupación del inmueble se produjo pocos días antes de que el presidente Javier Milei firmara, junto a los gobernadores —entre ellos Jalil—, el denominado Pacto de Julio, que sostenía a rajatabla la inviolabilidad de la propiedad privada como uno de sus principios centrales. Para la familia denunciante, resulta “curioso y contradictorio” que, mientras se proclamaba públicamente la defensa de la propiedad privada, una capilla familiar declarada Monumento Histórico Nacional permaneciera ocupada y sin resguardo efectivo por parte del Estado, aun habiendo recibido interpelaciones por parte de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de Argentina (CNMMLH).
Según denunciaron los propietarios, al cumplirse dos años del conflicto, continúan sin respuestas concretas ni medidas efectivas de protección sobre el inmueble histórico, que está siendo saboteado en su patrimonio material, motivo por el cual intervino la CNMMLH.
En paralelo, el caso abrió un debate más amplio sobre los límites entre patrimonio histórico, propiedad privada y poder estatal, en una provincia donde los conflictos territoriales y las tensiones políticas locales suelen desarrollarse lejos de la visibilidad nacional.
La familia denunciante anticipó, además, que continuará impulsando acciones judiciales para recuperar el control pleno del inmueble y reclamar medidas de protección patrimonial sobre la capilla histórica familiar.
