La Justicia Federal continúa avanzando sen la Causa Vialidad y el fiscal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidente Cristina Kirchner cumple su condena a prisión domiciliaria. El inmueble no se encontraba originalmente en el listado de bienes a embargar de la dos veces mandataria.
Luciani pidió inscribir el inmueble en el barrio porteño de Constitución y otras 12 propiedades en la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía. El objetivo es cubrir el monto fijado por la Justicia, cercano a 684 mil millones de pesos, en perjuicio económico al Estado.
La Justicia espera recuperar 141 propiedades
Según dictaminó el fiscal, el inmueble donde Cristina Kirchner se encuentra detenida estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa, por lo que debería incorporarse al decomiso para resarcir el perjuicio al Estado.
El departamento se uniría a una lista más amplia que incluye 141 inmuebles, 13 pertenecientes a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otros 128 a empresas asociadas a Lázaro Báez; 46 autos; 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y 992.134 dólares depositados en una cuenta bancaria, así como sumas menores en pesos.
¿Cómo continua la causa?
En su dictamen, Luciani afirmó que la Fiscalía espera «avanzar con la recuperación de activos provenientes de las maniobras fraudulentas detectadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015«. Al mismo tiempo, recordó que los condenados deben devolver el monto fijado por la Justicia, pero que hasta el momento «no han depositado ni un solo peso», por lo que puede proceder con la ejecución de los bienes.
La decisión quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°2 integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Por su parte, la defensa de la ex mandataria y sus hijos intenta frenar el decomiso a través de recursos judiciales, amenazando incluso con llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
