En una sesión clave para la agenda de seguridad del Gobierno, el Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego y extender el programa nacional de entrega voluntaria para su destrucción. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada en general por 40 votos a favor contra 26 en contra.
El eje central de la nueva ley es la modernización del sistema de registro. Se incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia mediante una declaración ágil, sencilla y virtual. Según explicó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el objetivo es lograr una regularización que permita rastrear armas.
Además, la normativa otorga facilidades a los usuarios ya registrados. Aquellos que renueven su credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no tendrán que acreditar nuevamente su idoneidad en el manejo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Asimismo, se establece un plazo de 360 días para que quienes posean armas de forma no autorizada puedan presentarse ante el organismo.
Entrega voluntaria y anónima con incentivo económico
El punto que tuvo respaldo unánime de los senadores fue la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que ahora tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Este plan permite que cualquier persona que desee deshacerse de armas o municiones lo haga de manera anónima y voluntaria sin enfrentar consecuencias.
La senadora Carolina Losada, quien abrió el debate, destacó que el programa incluye un incentivo económico para quienes entreguen el material, el cual consiste en un cupón canjeable por efectivo. Para Losada, uno de los puntos más importantes de la ley es que permitirá al Estado tener un control real sobre el armamento.
El debate político: cruces por el aumento de armas
A pesar de la aprobación, la oposición manifestó sus críticas al rumbo de la política de seguridad. El senador peronista Martín Soria cuestionó los datos del último año, señalando que bajo la actual gestión las armas registradas aumentaron un 42%. Para Soria, es «imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno».
La ley fue finalmente sancionada gracias a una coalición que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales como el Frente de la Concordia de Misiones y la Neuquinidad. En tanto, el interbloque del peronismo y Convicción Federal se mantuvieron en el rechazo a la norma en su votación general.
