Un conflicto por la ocupación violenta de una capilla declarada Monumento Histórico Nacional en la localidad de Hualfín, provincia de Catamarca, derivó en denuncias penales, fallos judiciales favorables a los propietarios y el traslado de la causa a la Justicia federal para su recuperación. Pese a ello, el inmueble continúa sin protección efectiva y bajo actos de vandalismo, según denunciaron sus titulares.
La capilla, con más de 250 años de posesión ininterrumpida, pertenece a la familia Mena Saravia. De acuerdo con las presentaciones judiciales, hace dos años fue usurpada de manera violenta por personal vinculado al municipio de Hualfín, lo que motivó denuncias penales contra el intendente local, Marcelo Villagrán, y otros funcionarios municipales.
Según consta en la causa, un grupo de personas ingresó al recinto religioso profiriendo insultos y arrojando piedras, impidiendo la entrada a los propietarios, en un episodio que los mismos calificaron como usurpación y profanación de un bien protegido por su valor histórico y religioso.
El inmueble está estrechamente ligado a la fundación del pueblo de Hualfín y alberga los restos de doña María de Medina y Montalvo, fundadora de la capellanía, y antepasada de la familia Mena Saravia, junto con numerosos ancestros que fallecieron en esa localidad. La capilla y la vivienda familiar siempre formaron una unidad arquitectónica, que fue dividida décadas atrás por la traza de la Ruta Nacional 40, sin que ello modificara la titularidad privada del templo.
Los hechos denunciados ocurrieron mientras el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmaba el denominado Pacto de Julio junto al presidente Javier Milei, un acuerdo que proclamó entre sus principios centrales la defensa de la propiedad privada. Para los propietarios, la coincidencia temporal expone una contradicción entre los compromisos asumidos públicamente y los hechos que se desarrollaban en la provincia.
Tras la usurpación, la familia recurrió al fuero penal de Catamarca, a la Justicia Federal y a los organismos de Patrimonio de la Nación, denunciando la falta de intervención efectiva del Estado provincial frente a la ocupación del inmueble.
En ese marco, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca falló a favor de los propietarios, reconociendo el atropello y la usurpación por parte del municipio. En paralelo, la Cámara Federal de Tucumán habilitó la vía federal para avanzar en la recuperación de la capilla familiar, ante la persistente falta de resguardo en el ámbito provincial.
Pese a estos avances judiciales, la capilla continúa siendo vandalizada y carece de custodia judicial efectiva, alterando su patrimonio cultural inventariado, según consta en presentaciones efectuadas ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
En ese contexto, Federico Mena Saravia, su propietario, advirtió que Catamarca, para el inversor privado, se ha convertido en un territorio comparable al lejano Oeste: sin seguridad personal ni garantías jurídicas. Señaló que el Estado provincial concibe a la inversión privada como un enemigo, restringe la posibilidad de trabajar a personas que perciben planes municipales o provinciales dentro de emprendimientos productivos y tolera un clima de amenaza personal constante, lo que desalienta cualquier intento serio de desarrollo económico y protección del patrimonio. A pesar de todo lo manifestado, se trata de la inversión productiva más grande del oeste catamarqueño, hoy expuesta a un escenario de absoluta vulnerabilidad.
