Los diputados nacionales Esteban Paulón y Pablo Farías presentaron un proyecto de resolución para frenar la quita de subsidios a empresas de transporte que garantizan pasajes gratuitos para personas con discapacidad. La iniciativa busca derogar la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que eliminó las compensaciones estatales destinadas a cubrir ese beneficio.
El conflicto se originó este martes, cuando el Ministerio de Economía oficializó el fin del fondo de compensaciones económicas destinado a las empresas de transporte automotor interjurisdiccional. Aunque el Gobierno aclaró que la obligación de las compañías de otorgar pasajes gratuitos sigue vigente, los diputados advierten que quitar el apoyo financiero estatal podría afectar gravemente el acceso efectivo a este derecho.
Un recorte que alcanza a los sectores más vulnerables
El proyecto presentado por los legisladores expresa una “profunda preocupación” por el alcance de la medida oficial. Según advirtieron, el ajuste afecta no solo a las personas con discapacidad, sino también a pacientes trasplantados. Además, señalaron que niños, niñas y adolescentes con cáncer podrían verse perjudicados, ya que dependen de este beneficio para sus traslados médicos y personales.
Para Paulón y Farías, la resolución gubernamental representa una «medida regresiva» que dificulta el acceso real a prestaciones básicas. A través de redes sociales, los legisladores confirmaron que presentaron «un proyecto para derogar la Resolución que elimina el acceso a pasajes y movilidad«. Además, exigieron «al Gobierno nacional garantizar la plena vigencia del derecho a la gratuidad”.
DISCAPACIDAD. A LA CRUELDAD HAY QUE PONERLE FRENO
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 26, 2026
Presentamos un proyecto para derogar la Resolución que elimina el acceso a pasajes y movilidad para personas con discapacidad.
Y exigimos al Gobierno nacional a garantizar la plena vigencia y efectividad del derecho a la… pic.twitter.com/sPUlLn7dC5
El argumento legal de la oposición
La ofensiva parlamentaria se apoya en un sólido marco jurídico. El proyecto insta al Poder Ejecutivo a abstenerse de implementar normativas que limiten derechos ya adquiridos, citando el principio de «no regresividad» de los derechos económicos y sociales.
Entre los fundamentos del reclamo se encuentran:
- Leyes nacionales: se exige el cumplimiento de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que protegen a estos colectivos vulnerables.
- Constitución Nacional: invocan el artículo 75 (incisos 22 y 23) sobre la tutela especial hacia grupos en situación de vulnerabilidad.
- Tratados internacionales: mencionan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas con jerarquía constitucional en Argentina.
El nuevo esquema de transporte en la mira
La Resolución 28/2026 fue dictada en el marco de la desregulación del transporte automotor impulsada por el Gobierno, que habilita a las empresas a fijar libremente sus tarifas. Frente a este escenario, diputados de la oposición advirtieron que el Estado debe reforzar los mecanismos de control sobre las compañías. Además, reclamaron sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los pasajes gratuitos pese a la eliminación de las compensaciones económicas.
Con la presentación del Expediente 2424-D-2026, la discusión pasará ahora a las comisiones de la Cámara de Diputados. Allí se prevé un debate sobre los límites del ajuste y medidas para garantizar el derecho a las personas con discapacidad.
