En un contexto de máxima tensión por los recortes en áreas sensibles, la Justicia federal de Córdoba le puso un ultimátum al Gobierno nacional. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N.° 3, dictó una medida cautelar que ordena al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación —a través del programa Incluir Salud— regularizar la cadena de pagos a los prestadores de discapacidad en un plazo no mayor a 72 horas.
La resolución judicial responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación de instituciones como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione. La Justicia pone la lupa sobre los recortes que afectan a beneficiarios del CUD y pensiones no contributivas
El fin de las excusas administrativas por el «reordenamiento»
El Gobierno viene justificando las demoras bajo el argumento de un “reordenamiento” y el traspaso administrativo de programas hacia la órbita del Ministerio de Salud. Sin embargo, el juez Vaca Narvaja consideró que el incumplimiento no puede ser solapado por procesos internos de regularización.
El fallo resalta que las demoras han provocado la interrupción de terapias, la suspensión de prestaciones básicas y una alarmante falta de entrega de medicamentos. Con esta cautelar, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, el magistrado dejó claro que la burocracia estatal no puede estar por encima del derecho constitucional a la salud y la vida de las personas con discapacidad.
Medicamentos suspendidos y pérdidas millonarias en el sector
El impacto del retraso en los pagos ha sido devastador para las instituciones que sostienen el sistema. Según consta en el expediente, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció haber sufrido pérdidas millonarias a raíz de intereses fiscales acumulados. Además, advirtió que durante varios meses de 2026 se interrumpió por completo la entrega de medicamentos, una situación que calificó como especialmente grave.
Esta situación dejó al descubierto la fragilidad de los prestadores, que se ven imposibilitados de sostener la continuidad de servicios esenciales ante el corte de la cadena de pagos. Frente a este escenario, la Justicia intimó a los organismos nacionales a cumplir con la orden de pago en un plazo de tres días. Además, advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones previstas por la ley por desacato a una resolución judicial.
? Discapacidad. La Justicia le dio 72hs al Gobierno para pagar. El juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó a Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos a prestadores. El fallo advierte que las demoras ponen en riesgo tratamientos, medicamentos y la continuidad… pic.twitter.com/OHsqEFdRkt
— Martina Garbarz (@martinagarbarz) May 19, 2026
Un nuevo frente judicial contra el Decreto 681
La decisión del juez Vaca Narvaja no es un hecho aislado, sino que se apoya en un antecedente clave de diciembre de 2025 del Juzgado Federal de Campana. En aquella oportunidad, la Justicia ya había declarado inválido un artículo central del Decreto 681/2025. Además, ordenó la plena aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Con este fallo, el Poder Judicial volvió a marcarle límites a la gestión de Javier Milei. La resolución expone, según los amparistas, una profunda crisis derivada del manejo de los fondos destinados al sector. Para los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, la medida representa un alivio frente a un escenario de ajuste que pone en riesgo a miles de familias argentinas.
