(Por Diego Nofal).- El otoño de Catamarca trajo una cosecha récord que nadie en Andalgalá pidió, con setenta irregularidades ambientales abonando el expediente de La Alumbrera. La Declaración de Impacto Ambiental, emitida el 6 de mayo de este año por el gobierno de Raúl Jalil, autorizó la reactivación metalífera con la formalidad de quien sella un trámite de rutina.
El acto administrativo ignoró olímpicamente las observaciones técnicas que el equipo interdisciplinario municipal y los vecinos habían desmenuzado con paciencia de orfebre durante una audiencia pública que merece un premio a la mejor ficción documental.
Cualquier mortal pensaría que setenta falencias legales y ambientales son motivo suficiente para archivar un proyecto minero, pero en la lógica oficial catamarqueña ese número parece funcionar como un certificado de garantía. El informe presentado por Minera Alumbrera cojeaba por falta de estudios hidrogeológicos serios, omitía pasivos ambientales previos y calculaba el impacto sobre el agua con la misma precisión que un chamán leyendo hojas de coca.
Sin embargo, el gobernador Jalil rubricó la DIA con una convicción que ya quisieran muchos notarios para escriturar una bicicleta, demostrando que la verdadera ciencia no está en los datos sino en la urgencia de poner la firma antes de que alguien vuelva a revisar los papeles.
El ninguneo de Jalil y sus funcionarios a las leyes
La etiquetada “audiencia pública” funcionó como un confesionario laico donde los vecinos expusieron las cicatrices del extractivismo y los funcionarios simularon escuchar con la mirada perdida en el reloj de la cintura. La Asamblea El Algarrobo no tardó en desenmascarar la pantomima y sentenció con meridiana claridad que esta aprobación deja en evidencia el ninguneo de Jalil y sus funcionarios a las leyes y al derecho de autodeterminación del pueblo de Andalgalá.
De la misma forma, comprueba claramente lo que sostenemos desde hace tiempo, que las llamadas “audiencias públicas” son una pantomima montada para aparentar el cumplimiento de la ley en proyectos que en realidad se autorizan previamente y a puertas cerradas. La definición es tan precisa que uno podría bordarla en un tapiz y colgarla en el salón de actos de la gobernación, aunque sospechamos que allí preferirían un cuadro abstracto donde las irregularidades se conviertan en manchas decorativas.
El verdadero nudo de esta historia no está solo en los papeles mal confeccionados sino en la persistencia de un modelo que privilegia los intereses de la minera por sobre la seguridad ambiental de la provincia y por sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios. Las tierras donde se pretende reiniciar la explotación no son un baldío fiscal ni un capricho geográfico, pertenecen legalmente a comunidades que llevan siglos habitándolas antes de que alguien inventara la figura de la concesión minera.
Resulta irónico que el mismo Estado que jamás termina de reconocer la propiedad comunitaria indígena se vuelva repentinamente eficaz para otorgar permisos que hipotecan el agua y el suelo de esas mismas comunidades sin preguntarles siquiera si prefieren tener río a tener regalías.
El cinismo técnico alcanza su punto culinario cuando se advierte que las setenta falencias no son errores de principiante sino agujeros negros estratégicamente ubicados para esquivar responsabilidades futuras. No hay modelo hidrogeoquímico que aguante un análisis riguroso cuando se omite deliberadamente la línea de base ambiental, y no hay plan de cierre que convenza cuando la empresa ya tiene un historial de pasivos que todavía esperan remediación bajo el sol andalgalense.
Sin embargo, la administración Jalil prefiere mirar para otro lado con la misma disciplina con que un gato ignora una orden, convencida de que la opinión pública se distrae rápido si el próximo escándalo tiene suficiente volumen.
La contaminación residual que las mineras dejan en los territorios configura una deuda perpetua que los dueños originarios jamás contrajeron pero que deberán pagar con la moneda más dura de su existencia, la salud.
Mientras los ejecutivos celebran en oficinas con aire acondicionado el retorno de la inversión, las familias campesinas e indígenas calculan cuántas generaciones tardará el arsénico en abandonar sus napas, porque la naturaleza no tiene apuro pero tiene memoria y suele cobrar con intereses compuestos.
El giro abrupto del Gobierno de Catamarca sin siquera sonrojarse
Resulta casi artístico cómo el gobierno de Catamarca logró transformar una montaña de objeciones en una autorización exprés sin siquiera sonrojarse. La Asamblea El Algarrobo viene documentando desde hace años este mecanismo que primero anuncia audiencias con bombos y platillos, luego archiva las impugnaciones en cajones estancos y finalmente otorga el permiso en horarios donde los periodistas están ocupados tuiteando sobre el clima.
La jugada es tan previsible que uno podría programar el almanaque de irregularidades con calendario de adviento, solo que en vez de chocolates cada día se descubre una falta nueva.
La pregunta inevitable sobrevuela los cerros pelados que rodean la mina y se instala como un zumbido molesto en los despachos oficiales, ¿cuántas declaraciones de impacto ambiental se aprobaron con la misma ligereza en proyectos que hoy ya están operando sin control.
El precedente de La Alumbrera abre una grieta peligrosa porque legitima un estándar de calidad administrativa que convierte la evaluación ambiental en un trámite burocrático de menor jerarquía que la renovación del registro de conducir. Mientras tanto, el gobernador Raúl Jalil sigue consolidando su fama de anfitrión preferido de las mineras, con un portafolio de facilidades que haría palidecer a cualquier agencia de promoción de inversiones pero que deja a su provincia con la herencia más costosa del mercado.
La asamblea no se quedará de brazos cruzados
La asamblea ya advirtió que no se quedarán de brazos cruzados mirando cómo les perforan el futuro mientras otros cuentan ganancias en moneda extranjera. La resistencia de Andalgalá tiene la paciencia de quien conoce sus montañas piedra por piedra y la furia de quien entiende que defender el agua no es romanticismo ecologista sino un acto elemental de supervivencia colectiva que el código civil no necesita explicar.
El tiempo dará la última palabra, pero mientras tanto en Catamarca parece gobernarse bajo la máxima de que el impacto ambiental solo duele cuando no se puede sobornar a la memoria con un puñado de regalías mal repartidas.
