El grito de la Puna ya no se escucha solamente en los conflictos ambientales o en las discusiones sobre el avance del litio multimillonario en Catamarca. Hoy también aparece en los comedores escolares de Antofagasta de la Sierra, donde padres tuvieron que cortar rutas para reclamar algo tan básico como comida digna para sus hijos, exponiendo con crudeza una de las contradicciones más incómodas del norte argentino.
La escena parece escrita para una novela latinoamericana sobre abundancia y abandono. De un lado, camionetas mineras, inversiones multimillonarias y discursos oficiales sobre la transición energética mundial. Del otro, comunidades de la puna denunciando que los comedores escolares funcionaban con partidas alimentarias miserables que apenas rondaban los $900 por alumno.
El conflicto terminó estallando sobre la Ruta 43, en pleno corazón de la puna catamarqueña. Allí, padres de alumnos decidieron visibilizar una situación que llevaba meses acumulando malestar: la imposibilidad de sostener una alimentación escolar razonable con montos que consideraban irrisorios frente al aumento del costo de vida y el aislamiento extremo de la región. Porque en Antofagasta de la Sierra todo cuesta más. Los alimentos llegan desde cientos de kilómetros de distancia, las condiciones climáticas son extremas y el transporte encarece cualquier producto básico. Aun así, las partidas destinadas a los comedores permanecían congeladas en cifras que terminaron convirtiéndose en el símbolo más brutal de la desigualdad que atraviesa la puna.
Tras las protestas y los cortes de ruta, el Gobierno provincial terminó negociando con los padres. Sin embargo, incluso después del acuerdo persisten diferencias sobre los montos definitivos. Algunas fuentes locales sostienen que la actualización llevó las partidas a $2.500 por alumno, mientras otras afirman que el acuerdo final alcanzó los $4.000 diarios. La diferencia no es menor y deja otra señal preocupante: la falta de claridad pública sobre los términos concretos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las familias.
La tierra del litio y las escuelas sin recursos
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa lo que sucede alrededor de Antofagasta de la Sierra. En esa misma región operan algunos de los proyectos de litio más importantes de Sudamérica. Empresas como Rio Tinto, Posco, Galan Lithium y Lake Resources avanzan sobre salares estratégicos de la puna catamarqueña en medio de inversiones que se cuentan en cientos de millones de dólares. Solo la expansión del histórico Proyecto Fénix, hoy bajo control de Rio Tinto a través de Minera del Altiplano, implica inversiones multimillonarias vinculadas al desarrollo de litio en el Salar del Hombre Muerto.
Por eso la escena impactó tanto en Catamarca. Porque mientras el litio argentino se transforma en una pieza clave para la industria global de baterías y vehículos eléctricos, las comunidades locales siguen discutiendo cuestiones básicas vinculadas a alimentación, agua, infraestructura y educación. El contraste terminó condensándose en una imagen incómoda: la tierra del litio discutiendo partidas miserables para alimentar chicos en las escuelas.
Y el problema no se limita solamente a los comedores. En los últimos años también aparecieron denuncias y reclamos vinculados a infraestructura escolar, conectividad y suministro eléctrico en distintas localidades de la puna. En una región donde las empresas mineras hablan de innovación tecnológica y transición energética global, todavía existen comunidades educativas que continúan enfrentando dificultades estructurales básicas.
Antofagasta de la Sierra posee además una realidad particularmente delicada. Es uno de los departamentos menos poblados y más aislados del país. La dispersión geográfica, la altura extrema y las enormes distancias convierten cualquier política pública en un desafío logístico complejo. Pero justamente por eso, el contraste se vuelve todavía más incómodo cuando se observan las dimensiones económicas que mueve la actividad minera en el mismo territorio.
Porque mientras las cifras mineras se expresan en dólares y anuncios globales, los reclamos sociales aparecen medidos en leche, pan, electricidad y raciones escolares.
La tensión ya no es solamente económica. También es política y moral. La escena de padres cortando rutas en uno de los epicentros mundiales del litio terminó exponiendo una pregunta incómoda para toda la dirigencia: cómo puede convivir semejante riqueza mineral con niveles de precariedad que obligan a discutir si alcanza o no para alimentar chicos en las escuelas.
Y quizás allí esté el verdadero grito de la Puna. No el del litio. El de una región que observa pasar millones de dólares sobre su territorio mientras todavía pelea por necesidades básicas que deberían haber dejado de discutirse hace décadas.
