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POLÍTICA

Qué cambia si se deroga la Ley de Etiquetado Frontal: punto por punto, el plan de Milei

 

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto para eliminar la Ley de Etiquetado Frontal aprobada en 2021. Los detalles.

 
Ley de Etiquetado Frontal
Ley de Etiquetado Frontal

El Gobierno de Javier Milei avanzó con el envío al Congreso del proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.

Según trascendió, la iniciativa ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. El Ejecutivo pidió un tratamiento rápido del texto para avanzar con la eliminación del sistema vigente.

El Gobierno cuestionó el sistema de octógonos

En los fundamentos del proyecto, la Casa Rosada sostuvo que la ley actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”. Según el Ejecutivo, el modelo basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud aplica criterios iguales sobre alimentos muy diferentes.

El Gobierno afirmó que el sistema genera confusión en los consumidores porque algunos productos tradicionales o considerados saludables terminan recibiendo advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados. Además, cuestionó el carácter “binario” del esquema actual.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la derogación total de la norma. Esto implicaría eliminar los octógonos negros de advertencia y también quitar las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en envases.

Críticas por el impacto económico y regulatorio

El Ejecutivo también planteó que el sistema actual perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Según explicó, la falta de armonización con las normas del Mercosur obliga a muchas firmas a fabricar envases distintos para cada mercado.

En ese sentido, el Gobierno advirtió que los costos regulatorios afectan con más fuerza a las PyMEs y podrían favorecer una mayor concentración económica dentro del sector alimenticio.

Además, el proyecto cuestionó la rigidez normativa de la ley vigente. Desde la Casa Rosada señalaron que muchos aspectos técnicos quedaron fijados directamente dentro de la norma y eso dificulta adaptar el sistema a nuevos consensos científicos o cambios en las Guías Alimentarias para la Población Argentina.

Por último, el Gobierno aclaró que la derogación no eliminará la obligación de informar datos nutricionales en los envases. La información sobre calorías, azúcares, grasas y sodio seguirá siendo obligatoria bajo el Código Alimentario Argentino y las normas vigentes del Mercosur.