Después de casi dos años de constantes cruces con las universidades públicas, el Gobierno Nacional presentó su oferta de recomposición salarial para los trabajadores de las casas de altos estudios en un intento de desactivar el conflicto que arrastra desde el inicio de la gestión.
La propuesta recibida por los sindicatos educativos reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contempla un aumento del 21,3% sobre los salarios básicos de mayo de 2026, con un impacto directo en los haberes de junio. Durante el mes, los trabajadores recibirán además el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Asimismo, las autoridades nacionales analizan otorgar una actualización adicional del 3% en el mes de octubre.
Por su parte, el secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, confirmó la propuesta enviada por el Gobierno, pero señaló que todavía no hubo una comunicación oficial por parte del Ejecutivo nacional. «Recibimos esto a cuenta de la Ley de Financiamiento. Celebramos que el Gobierno empiece a cumplir la ley que ya está vigente y sancionada«, afirmó durante una entrevista
Un primer intento de acercamiento
El Gobierno presentó la oferta a raíz de la larga disputa salarial que mantiene con los docentes y no docentes universitarios, quienes denuncian una brusca pérdida de poder adquisitivo debido a la diferencia entre la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y la evolución de los salarios.
El punto de ebullición de la disputa llegó en la primera Marcha Federal Universitaria en 2024, que tuvo secuelas desde entonces. Durante los dos años se realizaron además varios paros nacionales y medidas de fuerza como clases públicas y campañas de visibilización.
En este sentido, legisladores opositores presentaron en el Congreso de la Nación la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta para que el gobierno de Javier Milei actualice el presupuesto destinado a las casas de altos estudios. La ley logró su sanción en 2025, sin embargo, la gestión libertaria optó por no aplicarla, alegando que la misma no especificaba sus vías de financiamiento.
El Gobierno apuesta por su propia ley
Esta postura se mantuvo desde entonces, llevando la disputa al plano judicial para resolver su aplicación o suspensión definitiva. En paralelo, La Libertad Avanza trabaja en su propia ley de financiamiento para intentar resolver la disputa bajo los términos establecidos por el presidente Javier Milei y sus funcionarios.