El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto presentó un proyecto para citar al Congreso de la Nación a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. En este marco, presentó un proyecto de resolución para que la funcionaria dé explicaciones sobre el papel que desempeñan las fuerzas federales, particularmente la Gendarmería, en zonas vinculadas a inversiones impulsadas por el Gobierno nacional.
A través de sus redes sociales, el legislador aseguró que la funcionaria debe responder públicamente por decisiones que, según denunció, favorecen a grandes inversores extranjeros en detrimento de los ciudadanos argentinos. “Exijo que la ministra de Seguridad dé la cara. Hice un proyecto para que Alejandra Monteoliva venga al Congreso y cuente por qué los argentinos deben ser tratados como ‘ciudadanos de segunda’ en su propia tierra”, expresó.
Castagneto cuestionó además la participación de la Gendarmería en esos operativos y lanzó: “¿Por qué la Gendarmería debe accionar como ‘seguridad privada’ gratuita de los inversores extranjeros que ya cuentan con múltiples beneficios que el RIGI y el Super RIGI les ofrece?”, planteó. Y agregó: “¿Por qué hay que garantizar ganancias sobre los derechos? Así no se construye un futuro de orden. Así se destruye la identidad y se arriesga a la población”.
El rechazo al “Super RIGI”
La iniciativa se enmarca en la fuerte oposición que el legislador mantiene contra el denominado “Super RIGI”, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados. En los últimos días, Castagneto cuestionó el proyecto y lo vinculó con otras medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
“Los diputados de Unión por la Patria y la izquierda rechazamos el Super RIGI. No es un rechazo porque sí. Forma parte del mismo esquema que el DNU 70, el DNU 461/26, la reforma de la Ley de Tierras y la nueva Ley de Sociedades: un modelo de extranjerización y pérdida de soberanía”, sostuvo.
Según el diputado, el régimen otorga beneficios extraordinarios a grandes inversores sin exigir contraprestaciones vinculadas al desarrollo nacional. Entre otros puntos, cuestionó la reducción de impuestos, la estabilidad fiscal por tres décadas, la libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales. “Pueden venir, extraer ganancias e irse sin dejar desarrollo”, afirmó.
“Beneficios sin contraprestaciones”
Castagneto también advirtió que el esquema no contempla exigencias vinculadas con la producción nacional. “El proyecto no exige componente nacional mínimo, prioridad de abastecimiento nacional, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores locales ni asociación con universidades y centros científicos argentinos”, enumeró.
El legislador marcó que “mientras Brasil exige integración con la industria local, desarrollo tecnológico, empleo nacional y articulación con universidades para acceder a beneficios, Milei propone exactamente lo contrario: beneficios sin contraprestaciones”. Y concluyó que el régimen “garantiza beneficios extraordinarios para grandes corporaciones y limita durante 30 años la capacidad del Estado, las provincias y el Congreso para decidir su propio futuro”.
