La defensa de la ex presidente Cristina Kirchner presentó un nuevo recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación para revocar las restricciones impuestas en el régimen de prisión domiciliaria de la causa Vialidad. Desde la defensa buscan revertir la última resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu sobre los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.
A través de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Cristina Kirchner aseguró que las limitaciones carecen de sustento ya que ningún vecino del edificio ubicado en San José 1111 se quejó. Por esto, el documento afirma que la resolución incurrió en arbitrariedad y cuestionó otras restricciones implementadas para mantener la tranquilidad del barrio.
La defensa pidió flexibilizar las condiciones
En este sentido, argumentaron que la limitación del uso de la terraza no poseía una explicación válida sobre cómo afectaba la convivencia diaria. Los abogados destacaron la «conducta irreprochable» de la dos veces mandataria durante su primer año de detención y señalaron que las condiciones de su detención se endurecieron tras la visita de un grupo de 17 economistas, mientras que el estricto cumplimiento de sus obligaciones no le generó beneficios.
Por esto, volvieron a cuestionar el uso de tobillera electrónica, citando un escrito del Consejo de la Magistratura, que consideró que su uso es de «carácter excepcional». «Las condiciones impuestas revisten una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de personas en prisión domiciliaria«, consideró el Consejo de la Magistratura y sentenció: «No existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo«.
La Justicia reconoció el correcto cumplimiento de la condena
La defensa presentó la apelación un día después de que el Tribunal Oral Federal 2 resolviera mantener la prisión domiciliaria de la ex mandataria al considerar que cumplió con las condiciones fijadas de forma correcta. Los magistrados se basaron en los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio que evidenciaron una «actitud de colaboración y buena predisposición» por parte de Cristina Kirchner.
«Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención«, consideró el fallo citado. Los organismos verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitar a través de la revisión diaria del libro de ingresos y egresos, sin detectar a personas no autorizadas en la vivienda.
