La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) cuestionó la posibilidad de que el Gobierno avance con la derogación de la Ley de Tierras y sostuvo que eliminar los límites para la compra de terrenos por parte de extranjeros representaría un riesgo para la soberanía argentina. A través de una extensa publicación en su cuenta de X, la legisladora planteó que la discusión excede lo económico y tiene implicancias geopolíticas.
«¿Por qué derogar la Ley de Tierras es un error geopolítico?», comenzó Pagano su mensaje, en el que aseguró que el Ejecutivo busca eliminar «todos los límites a la compra de tierras por extranjeros», incluyendo restricciones en zonas de frontera y áreas cercanas a ríos y lagos. En ese sentido, pidió analizar qué consecuencias tendría esa modificación antes de considerar la medida como una ampliación de la libertad económica.
Por qué derogar la Ley de Tierras es un error geopolítico? El Gobierno busca eliminar TODOS los límites a la compra de tierras por extranjeros: sin restricciones en fronteras ni a orillas de ríos y lagos. Antes de aplaudir la “libertad” veamos qué se está entregando. Abro hilo?
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 31, 2026
La advertencia sobre la Ley 26.737 y las tierras extranjeras
Según explicó Pagano, la Ley 26.737 no establece una prohibición total para la adquisición de tierras por extranjeros, sino que fija determinados límites. Entre ellos mencionó el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, el máximo de 1.000 hectáreas en zonas consideradas núcleo productivo y la prohibición de vender terrenos con cuerpos de agua permanentes o ubicados en zonas de frontera.
«La Ley 26.737 no prohíbe: ordena. Limita la tierra en manos extranjeras al 15% del territorio, pone un tope de 1.000 ha en zona núcleo y prohíbe vender tierras con cuerpos de agua permanentes o en zona de frontera. Es defensa territorial básica«, afirmó la diputada.
En su publicación, Pagano también hizo referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la derogación de la normativa mediante el artículo 154. Sin embargo, sostuvo que la Justicia frenó esa decisión a partir de una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y que una Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación.
«El DNU 70/2023 la derogó de un plumazo (art. 154). La Justicia lo frenó: el amparo del CECIM —excombatientes de Malvinas— logró una cautelar y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación. La ley sigue vigente. Ahora quieren voltearla por ley», señaló.
Agua, energía y recursos estratégicos: el eje de la discusión
La diputada también puso el foco en la cantidad de tierras que actualmente están en manos extranjeras y aseguró que el escenario actual ya requiere atención. Según los datos que citó del Registro Nacional de Tierras Rurales, existen más de 13 millones de hectáreas pertenecientes a extranjeros, equivalentes al 5% del territorio rural argentino.
«El punto de partida: ya hay más de 13 MILLONES de hectáreas en manos extranjeras: el 5% del territorio rural, una superficie equivalente a toda Inglaterra. EE.UU. encabeza con 2,7 millones de ha», indicó Pagano. Además, mencionó casos emblemáticos como el de la familia Benetton en la Patagonia y el conflicto por el acceso al Lago Escondido vinculado al empresario Joe Lewis.
En otro tramo de su publicación, la legisladora sostuvo que el interés internacional sobre la Patagonia está vinculado principalmente con sus recursos naturales y su ubicación estratégica. En primer lugar, destacó la importancia del agua y señaló que el Campo de Hielo Patagónico Sur constituye una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, mientras que los glaciares andinos alimentan decenas de cuencas hídricas.
Pagano también hizo referencia al potencial energético de la región y destacó la relevancia de Vaca Muerta, a la que definió como uno de los principales recursos mundiales de gas no convencional y petróleo. Además, señaló que la actividad petrolera y la llegada de inversiones internacionales mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) forman parte de la disputa por esos recursos estratégicos.
Otro de los puntos mencionados por la diputada fue la pesca en el Atlántico Sur. En ese sentido, sostuvo que en la milla 201 operan alrededor de 500 buques, en su mayoría de origen chino, dedicados principalmente a la captura de calamar. También afirmó que una parte importante de la flota potera con bandera argentina tiene beneficiarios finales vinculados a empresas chinas.
La disputa internacional por la Patagonia y la Antártida
En su análisis, Pagano también destacó el valor geográfico de la Patagonia por su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Mencionó los pasos naturales de Magallanes, Beagle y Drake, y consideró que, ante los problemas que atraviesa el Canal de Panamá, esos corredores pueden adquirir una importancia estratégica aún mayor.
«Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. Con el Canal de Panamá en crisis hídrica, esos corredores vuelven a ser oro estratégico. Y son la puerta a la Antártida», escribió.
Además, la diputada vinculó la discusión territorial con la proyección argentina sobre la Antártida y sostuvo que la presencia, la logística y el control territorial tendrán un peso creciente en las próximas décadas. En ese sentido, mencionó la posibilidad de revisión del Protocolo de Madrid a partir de 2048 y consideró que la Patagonia será clave en ese escenario.
Por último, Pagano señaló que las principales potencias internacionales ya tienen presencia en la región. Mencionó la estación espacial china instalada en Neuquén, las acciones de Estados Unidos vinculadas a Ushuaia y minerales críticos, y la presencia británica en las Islas Malvinas a través de la base militar de Mount Pleasant.
«La tierra no es un commodity más: es soberanía. Tierra ribereña = agua. Tierra de frontera = seguridad. Tierra patagónica = proyección antártica. Eliminar todo control no es ‘libertad económica’: es ceder control territorial sin nada a cambio», afirmó.
Como cierre, la diputada sostuvo que controlar la compra de tierras extranjeras no representa una postura aislacionista, sino una política aplicada por otros países. «EE.UU., Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera. Controlar quién compra tu territorio no es autarquía: es política de Estado elemental en todo el mundo», concluyó.
