José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado al empresario Federico “Fred” Machado. Al exdiputado de La Libertad Avanza lo citó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La audiencia está prevista para las 10:30 y será la primera vez que Espert responda ante la Justicia por una investigación que cobró notoriedad tras conocerse que recibió una transferencia de US$ 200.000 en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Según la causa, el dinero fue enviado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas que, de acuerdo con la investigación judicial, integraba una estructura utilizada para blanquear fondos vinculados a Machado.
La investigación que involucra a Fred Machado
Federico “Fred” Machado permanece detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos. En ese país aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude para evitar afrontar un juicio por narcotráfico, una acusación que contemplaba una pena mínima de 10 años de prisión, consignó NA.
Además de Espert, en el expediente también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad que el exlegislador constituyó junto a su esposa, María de las Mercedes González. Según la acusación, Cosentino habría actuado como “partícipe necesario” al firmar documentación presuntamente falsa sobre el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones patrimoniales.
La explicación de José Luis Espert sobre los US$ 200.000
Desde que estalló el caso, Espert negó cualquier vínculo con maniobras de lavado de dinero y sostuvo que los fondos correspondían al pago por servicios de consultoría. El exdiputado explicó que había firmado un contrato cercano al millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado.
Sin embargo, la investigación del fiscal Fernando Domínguez puso en duda esa versión. La acusación sostiene que Espert no pudo acreditar viajes a Guatemala ni tareas concretas vinculadas con ese supuesto asesoramiento y sospecha que Minas del Pueblo funcionaba como una empresa pantalla para justificar pagos por servicios inexistentes.
