El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 para prohibir el ingreso y expulsión de extranjeros a la Argentina. La norma modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para ciudadanos que manifiesten hostilidad contra el país. El decreto entró en vigencia a partir de su publicación este jueves en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a quienes “dirigieren o incitaren” mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos, motivados específicamente por su nacionalidad. Además, el decreto permite expulsar a extranjeros que insulten o dañen los símbolos patrios, ya que el Gobierno considera que representan la historia y los valores de la Argentina.
“No es negociable”: el argumento del Gobierno
La decisión se conoció en medio de recientes manifestaciones de hostilidad contra la Argentina y sus ciudadanos. En el comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos “no es negociable”.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresa el comunicado de la Oficina del Presidente. Según los considerandos del decreto, el ejercicio de la soberanía faculta al Estado a establecer estas condiciones para salvaguardar la seguridad y la cohesión social.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026
Detalles del decreto y marco legal
El DNU incorpora el inciso «m» al artículo 29 de la ley vigente, detallando que las ofensas pueden ser tanto de forma oral como escrita. El texto legal argumenta que estas acciones de odio afectan gravemente la integridad y los derechos de las personas, además de quebrantar el «respeto básico» que se debe tener hacia los nacionales por parte de quienes pretenden residir en el territorio.
Para sostener la legalidad de la medida, el Gobierno citó el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a prohibir por ley toda apología del odio nacional que constituya una incitación a la violencia. También se alinea con la Ley N° 23.592, que castiga los actos discriminatorios por motivos de nacionalidad.
Protección a la libertad de expresión
A pesar de la dureza de la norma, el decreto aclara los límites de su aplicación para no vulnerar derechos constitucionales. El texto especifica que “en ningún caso podrán encuadrarse… aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana”.
De esta manera, el Gobierno asegura que la medida no busca censurar el debate de ideas, sino reglamentar el ejercicio de los derechos, protegiendo el honor del Estado nacional y la convivencia armónica de la sociedad.
